La presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Maite Pagazaurtundua, reclamó ayer al presidente del PP, Mariano Rajoy, el «máximo esfuerzo» para recuperar la unidad antiterrorista con el Gobierno. «Es absolutamente necesario que seamos capaces de terminar con la tendencia a edificar las dos españas de las que hablaba Machado», señaló la presidenta.

Pagazaurtundua encabezó ayer una delegación del III Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo que se reunió con Rajoy; el secretario general del PP, Ángel Acebes, y el secretario de libertades públicas, Ignacio Astarloa. La presidenta de la fundación y el director del congreso, Cayetano González, entregaron a la cúpula popular las conclusiones del encuentro celebrado en Valencia.

Maite Pagazaurtundua aprovechó la reunión para insistir al líder de la oposición de la necesidad de «tender puentes» al PSOE y al Ejecutivo porque, dijo, la división «sólo fortalece a los terroristas de ETA» y porque volver al consenso es «una reclamación de la gran mayoría de la sociedad española».

La hermana del policía local de Andoain asesinado por la banda recordó a los populares que a los grandes partidos «les une mucho más que lo que les separa» en materia antiterrorista y por ello reclamó a Rajoy esfuerzos para terminar con la «polarización». Así llamó al PP a «reivindicar aquello que nos hace más fuertes frente a los que quieren terminar en la democracia».

En ese sentido, advirtió a la cúpula del Partido Popular que «todos los esfuerzos que se hagan por buscar elementos de unión serán recompensados por la sociedad española».

Por su parte, Rajoy, Acebes y Astarloa explicaron a la comisión del III Congreso Internacional de Víctimas que el PP lleva un año y medio reclamando sin éxito una reunión del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo. Durante la entrevista, la cúpula popular también justificó su falta de sintonía con el Ejecutivo por la negativa de Zapatero a facilitar información sobre la banda terrorista al principal partido de la oposición.

Endurecer la pena

La legislación española prohíbe la cadena perpetua y orienta la pena de cárcel hacia la reeducación y reinserción social del delincuente. Así lo reitera una vez más el Tribunal Supremo en una sentencia distribuida ayer en la que, sin embargo, construye una excepción a ese principio general: en el caso de aquellos miembros de ETA, sus delitos son tan graves que su encarcelamiento puede ser alargado hasta el límite legal como justo castigo y para evitar que su liberación les permita retomar su actividad criminal. Los «principios humanitarios» que impregnan actualmente el sistema penal español, en estos supuestos, quedan reservados para las víctimas.