El Ministerio de Justicia volvió a negar ayer que hubiese alcanzado un acuerdo con el Principado sobre el coste de la transferencia de las competencias en la materia y explicó que no puede pagar la cifra -unos 40 millones de euros- que la comunidad autónoma estima como coste efectivo del traspaso, porque «hay un marco legal que marca los límites de la negociación» y que se fundamenta en el principio de suficiencia y equilibrio presupuestario. Así lo afirmó ayer en Oviedo el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Ricardo Bodas, quien añadió que «si hay un presupuesto que se debe repartir entre ciertas comunidades autónomas, hay un límite que cumplimos y vamos a seguir cumpliendo». Porque, dice Bodas, acceder a las pretensiones de una región y mejorar las condiciones económicas de su transferencia supondría reducir las aportaciones a las otras comunidades que también tienen pendiente la asunción de esta competencia.