La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) afirma que la Ley de Igualdad, aprobada ayer por el Consejo de Ministros para acabar con la discriminación laboral y salarial de las mujeres, pone un «rejón de muerte» al diálogo social. En un comunicado, la patronal empresarial censura la «sordera» del Gobierno hacia sus propuestas y el método escogido para dar forma al texto, «basado en la sindicalización y la obligatoriedad, con el consiguiente régimen sancionador. Es el peor de los posibles», subrayó.

La patronal -que critica la «decisión unilateral del Ejecutivo» de llegar a un acuerdo con los sindicatos- recuerda que la Declaración para el Diálogo Social de 2004 dice textualmente que «el Gobierno y los interlocutores sociales, mediante los instrumentos a su alcance, buscarán de manera concertada soluciones que promuevan la integración laboral de las mujeres y mejoren sus condiciones de trabajo». En este contexto, la organización que preside José María Cuevas sostiene que la ley «ignora el contexto social en el que actúan las empresas y atribuye a los empresarios una responsabilidad que no les corresponde en exclusiva, y elude la de los trabajadores, los poderes públicos y el conjunto de la sociedad».

También entiende que «la normativa obliga a la negociación colectiva a tratar esta materia, sin alternativa posible», una circunstancia que, a su juicio, puede provocar «tensiones y un riesgo de conflictividad que no se corresponde con demandas reales contrastadas». De hecho cree que disuadirá los empresarios a los empresarios a la hora de adoptar estrategias empresariales más ambiciosas y efectivas en esta materia».

Inseguridad jurídica

La patronal advierte, además, de que el diálogo con el Gobierno sobre la Ley de Igualdad se ha desarrollado «con tal limitación, que el texto que se ha presentado a los empresarios supone sólo la sexta parte del contenido previsto». Asimismo, dice que ni siquiera tiene constancia de que «el texto íntegro haya sido visto por la Comisión de Subsecretarios».

Otro de los argumentos esgrimidos por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales es que la nueva norma pone el énfasis en el«mero cumplimiento formal de obligaciones impuestas por una ley que, además, genera incertidumbre e inseguridad jurídica».