La vida de Emilio Suárez Trashorras no volvió a ser la misma desde aquel 17 de marzo de 2004. Tampoco la de su familia. El ex minero fue detenido seis días después de los atentados de Madrid, acusado de proporcionar a los islamistas la goma 2 que llenó de muerte los trenes de Atocha, la calle de Téllez, el Pozo del Tío Raimundo y Santa Eugenia, donde fueron asesinadas 191 personas. Ingresó en la prisión de Alcalá Meco y ya han pasado casi dos años de su vida entre interrogatorios, careos, estrategias de defensa y visitas controladas. La fiscal Olga Sánchez solicitó prorrogar otros 24 meses su estancia preventiva en la cárcel, ante la «abundancia de datos» que le señalan como el cabecilla de la trama asturiana de la dinamita. El juez Del Olmo resolverá mañana, cinco días antes del segundo aniversario del mayor atentado terrorista de la historia de Europa. Con independencia de su decisión, José Manuel Suárez asegura que va a seguir luchando para que su hijo pueda volver a casa. «No es un asesino ni un terrorista. Emilio es un enfermo mental con una patología que no le deseo a nadie, ni al peor de mis enemigos», dice de forma genérica, intentando soslayar el papel clave que el juez le atribuye a su hijo en la masacre.