CON la presentación por parte de la Sepi y la dirección de RTVE del plan de ajuste laboral que afectará a 3.133 trabajadores del Ente, se da un paso decisivo en la reestructuración del sector público audiovisual. Un ajuste necesario e inexcusable, en todo caso, ya que con un tamaño ciertamente desmesurado, una deuda pública acumulada hasta el año 2005 de 7.551 millones de euros, unas pérdidas anuales que se sitúan en torno a los 500 millones, una caída progresiva de la audiencia y, lo que es peor, con una orientación en la programación que no siempre se corresponde al objetivo de servicio público, parece llegada la hora de configurar, de una vez por todas, un nuevo modelo de radio televisión pública similar al de los países más avanzados de nuestro entorno. En esa línea, tanto el proyecto de ley de reforma de RTVE que inicia su tramitación en el Senado, como la negociación de este plan de ajuste que ahora se empieza a negociar con los sindicatos, deberían concluir con la creación de un modelo orientado al servicio público, plural e independiente del Gobierno, suficientemente dotado en cuanto a su financiación y gestionado de forma rigurosa y profesional. Obviamente, la consecución de todo lo anterior no parece todavía plenamente garantizada, por mucho que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero haya avanzado sustancialmente más que otros Gabinetes durante todas las anteriores legislaturas. De hecho, resulta cuando menos sorprendente el que se ponga en marcha un plan de reestructuración de RTVE, sin que ni el Gobierno ni el proyecto de ley en tramitación hayan definido con claridad su dimensión, su financiación o el modelo de servicio público que se pretende. En ese sentido, al anunciarse el mantenimiento de nueve canales y al no haberse aclarado por el momento ni los porcentajes de aportación pública y de ingresos publicitarios en su financiación, ni la posibilidad de una prohibición de endeudamiento o la existencia de mayores restricciones a la emisión de publicidad, da la sensación de que aún no se tiene una idea clara de la dimensión y la estructura de un modelo que debería afectarse al servicio público, evitando siempre las distorsiones a la libre competencia en el mercado audiovisual.