Convención Municipal del PSOE, en Sevilla, con mensaje unitario: no se puede pasar del viejo centralismo del Estado a un nuevo centralismo de las comunidades autónomas. Los ayuntamientos quieren que se efectúe una segunda descentralización, con trasvase de recursos y competencias hacia los municipios. En la reunión, la alcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso, pidió garantías financieras para la prestación de servicios y reclamó la titularidad legal sobre las llamadas competencias impropias (áreas que son de responsabilidad estatal o autonómica pero que su gestión fue asumida de hecho por los ayuntamientos). Los ediles del PSOE quieren que los ayuntamientos pasen del 14% al 21% en el gasto total de las administraciones.

Con mínimas diferencias, las peticiones de los munícipes socialistas coinciden con las de sus colegas del PP. No se trata de un asunto reciente, ya que los alcaldes de toda España llevan reclamando competencias y recursos desde hace mucho tiempo; en el año 1993, se celebró una cumbre municipal presidida por el actual embajador de España en el Vaticano, Paco Vázquez, que terminó con la petición del 5% de la recaudación del IRPF, aprovechando que Felipe González acaba de ceder el 15% a las comunidades autónomas. El Gobierno socialista no atendió la demanda; posteriormente, José María Aznar se apropió del discurso de la segunda descentralización para no hacer absolutamente nada.

Lo primero que hay que aclarar es de qué Administración van a llegar los recursos que se solicitan y las competencias que se amplían. ¿Tiene que adelgazar el Estado o deben hacerlo las comunidades autónomas? Digo esto porque es muy importante la distinción. En caso de que se opte por pedir más dinero al Estado debe recordarse que el proceso de negociación del 'Estatut', y su más que probable traslación a otras comunidades autónomas, supone una merma de recursos financieros para el Estado. Si la cesión del 50% en la recaudación del IRPF y del IVA, y las del 58% en los impuestos especiales, se extienden a todas las regiones, el Estado dejará de ingresar 21.000 millones de euros. Si el dinero lo van a poner las autonomías habrá que dirigir las demandas hacia el nacionalismo. Será en forma de plegarias.