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Martes, 14 de marzo de 2006
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La justicia de Bolivia rechaza el recurso de Repsol por contrabando de petróleo
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Un tribunal rechazo ayer un recurso de 'habeas corpus'presentado por la petrolera hispano-argentina Repsol YPF para anular las órdenes de detención dictadas contra sus dos principales ejecutivos en Bolivia, al tiempo que han sido citados a declarar otros dos directivos de la empresa.

La segunda sala civil de la Corte Superior de Santa Cruz ha declarado «improcedente» el recurso presentado por la petrolera porque el presidente de Andina, filial boliviana de Repsol YPF, el español Julio Gavito, y su director de operaciones, el argentino Pedro Sánchez, ambos acusados de contrabando de petróleo, no están detenidos.

Los jueces Edgar Terrazas, Oswaldo Céspedes y Ramiro Claros rechazaron, por unanimidad, los argumentos de Andina e indicaron que los abogados defensores debieron presentar un amparo constitucional, o uno de nulidad contra el juez y los fiscales del caso, en vez del recurso de 'habeas corpus'.

Por otra parte, el fiscal adscrito a la Aduana, José Centenaro, precisó ayer que el Servicio de Inteligencia sigue trabajando para dar con el paradero de Julio Gavito y Pedro Sánchez. «Esta es una parte operativa de la Policía. Hay instrucciones precisas para que se trabaje en el asunto», subrayó Centenaro, quien aseguró que los cuatro directivos colaboraron para que se hiciera el contrabando.

«No puedo comentar mucho, porque es parte de la estrategia», insistió el fiscal, quien desafió al abogado de la petrolera, Abel Montaño, a que plantee otro recurso constitucional.

Por último, Centenaro anunció que hay otra acta de intervención contra la planta de procesamiento de gas en el campo Margarita, donde se prevé una inspección ocular la próxima semana, a pesar de estar demostrado por medio de documentos que no se han pagado los impuestos, según las autoridades.

La Fiscalía de Santa Cruz ordenó el pasado jueves la detención del español Julio Gavito y del argentino Pedro Sánchez, después de que no se presentaran a declarar tal como había sido solicitado. Además, la Policía llevó a cabo un amplio registro de las oficinas que la petrolera tiene en esa ciudad.



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