LA detención y posterior puesta en libertad bajo fianza de los dos principales ejecutivos de Repsol en Argentina y Bolivia -uno de ellos el asturiano Julio Gavito- acusados de contrabando de petróleo, ha tensado considerablemente las relaciones político-comerciales entre Madrid y La Paz. Nadie pone en duda que Bolivia no puede tolerar conductas ilegales en el sector energético y que su sistema jurídico tiene todo el derecho del mundo a investigar las causas, cuya evolución lo justifique, y a castigar cualquier comportamiento que infrinja las leyes. Pero la importancia comercial de una empresa como Repsol en Bolivia aconseja actuar con gran cuidado antes de arrojar sombras de sospecha sobre sus actividades y convertir meras infracciones de las normas aduaneras en delitos de mayor calado.

No es totalmente descartable que se haya cometido alguna irregularidad, que ya se encargará la investigación de dilucidar en qué medida fue, o no, involuntaria; ahora bien, aun habiendo indicios, el monto de la operación -cerca de siete millones de euros- no justificaba en ningún caso la aparatosa detención de sus dos principales ejecutivos en la zona; máxime cuando ambos habían acudido al país de manera voluntaria y se habían presentando ante el Tribunal para facilitar la acción de la Justicia. Es evidente que Repsol puede garantizar con sus avales la reparación de cualquier perjuicio que eventualmente se haya producido para la Hacienda boliviana, haciendo de todo punto innecesario recurrir a medidas tan extremas y que amenazaban con desbordar el espacio de lo jurídico para entrar de lleno en el ámbito de la política, e incluso afectar a las relaciones internacionales, lo que nunca es bueno en este tipo de contenciosos.

El Gobierno de Evo Morales es soberano y puede orientar su política por donde considere necesario, pero convendría que -sin menoscabo de la imprescindible independencia judicial- fuese muy cuidadoso con situaciones que, como las que se acaban de realizar, afectan de lleno a terceros. Las empresas españolas, como muchas otras, tienen en aquella zona intereses son perfectamente legítimos y activos por los que han pagado y que deben defender de cara a sus accionistas. Y si el Derecho les exige, el Derecho también debe protegerlos. Por ahora, la situación parece reconducida por unos mínimos cauces de sensatez, de los que sería deseable que no se volviese a salir.