La mayoría de los magistrados del Tribunal Constitucional, siete contra cinco, rechazaron ayer el recurso que el PP interpuso el pasado 2 de noviembre contra la tramitación del Estatuto de Cataluña. El partido opositor alegaba que el proyecto era una reforma encubierta de la Constitución y no una modificación de la ley autonómica vigente. Ayer sólo se dio a conocer el fallo, porque la sentencia, que incorporará cinco votos particulares, tardará varios días en redactarse.

El resultado de la votación es idéntico al que se produjo en el pleno del Constitucional de hace un mes y medio, cuando los doce magistrados tomaron en consideración por primera vez este recurso de amparo. La segunda deliberación ha sido necesaria porque, según la ley, para no admitir un recurso cuando no existe unanimidad es preciso pedir informe al fiscal antes de realizar una segunda votación, en la que ya es posible rechazar la demanda por mayoría simple.

Los siete magistrados de la mayoría defendieron en la primera deliberación que el recurso no se podía admitir a trámite porque tiene «una carencia manifiesta de contenido constitucional», es decir, porque no hay materia sobre la que pronunciarse. El pleno rechazó entonces estudiar la demanda del PP porque no ve en la decisión de la Mesa del Congreso elemento alguno que vulnere los derechos fundamentales de los diputados populares, única razón que justificaría entrar a estudiar el fondo del recurso. Se trata de una postura coincidente con la que expresó hace un mes la Fiscalía en su informe al tribunal.

Alarde de fuerza

El Ministerio Público entiende que los magistrados no pueden pronunciarse sobre la constitucionalidad del texto estatutario hasta que se apruebe en las Cortes y sea sometido a referéndum, es decir, hasta que tenga rango de ley. Se trata del mismo argumento con el que hace un año el Constitucional rechazó un recurso similar del PP contra la tramitación por el Parlamento vasco del 'Plan Ibarretxe'.

Por otra parte, el PSOE hizo ayer un alarde de fuerza ante Convergència i Unió y aprovechó los votos del PP para suprimir de la reforma del Estatuto de Cataluña los artículos que hablaban de la participación de la Generalitat en la gestión de puertos y aeropuertos de interés general. Las fuerzas políticas catalanas han convertido la gestión del aeropuerto de Barcelona en su último caballo de batalla y se niegan a aceptar la oferta de los socialistas para constituir un consorcio con representación mayoritaria del Estado. El partido del Gobierno fue ayer claro: o aceptan o se quedarán sin nada.

El PSOE negocia desde hace días con todas las formaciones del 'Parlament' una salida a este desacuerdo. Su última propuesta -rechazada en la noche del martes por CiU, ICV y ERC- insistía en la creación de una sociedad mixta en la que la parte estatal llegue al 51% y la catalana al 49%.