La tramitación de la opa de Gas Natural sobre Endesa se suspenderá de forma cautelar si, en el plazo de diez días, la eléctrica deposita como caución un aval bancario por 1.000 millones de euros con el que hacer frente a los perjuicios que pudiera causar esa paralización. La decisión no tuvo gran impacto en la cotización de las compañías en los mercados de valores. Endesa se revalorizó un adicional 0,51%, Gas Natural cedió el 0,45% e Iberdrola cerró sin cambios en una sesión en la que el Ibex 35 subió el 0,10%.
La magistrada Miriam Iglesias, titular del Juzgado número 3 de lo Mercantil de Madrid, ha adoptado esta medida ante la eventualidad de que, como denunció Endesa, Gas Natural e Iberdrola hubieran actuado de manera concertada y tanto la opa como el acuerdo de compraventa de activos suscrito entre ambas tuvieran como objetivo expulsarle del mercado. Esta conducta supondría una infracción al Tratado de la Unión Europea, que en su artículo 81 prohíbe los acuerdos entre empresas que tengan por objeto «impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común».
El juzgado opta por suspender también, siempre que Endesa deposite el aval, la ejecución del contrato de 5 de septiembre de 2005 suscrito entre Gas Natural e Iberdrola. Reconoce que ese acuerdo está supeditado a la eficacia de la opa, pero supone que, si tuviera como objetivo la desaparición de Endesa, de no adoptarse medidas cautelares se podría llegar a una situación irreversible.
Los asesores jurídicos de Endesa estudian el caso, pero será el consejo de administración quien se pronuncie. La cuantía de la caución impuesta supera de lejos las previsiones. La eléctrica había sugerido depositar un millón de euros, mientras Gas Natural recordó que el importe de la operación asciende a más de 20.000 millones y la cautela debía alcanzar un importe equivalente.
La juez considera necesaria la constitución de una garantía por los perjuicios que pueda acarrear la paralización y cree adecuado cifrarla en el 5% del importe de la opa. En los mercados, argumenta, «el simple paso del tiempo junto a la acción mediática omnipresente en nuestra época producen necesariamente consecuencias». Las reuniones del órgano de gobierno de Endesa tienen lugar, con carácter ordinario, un martes sí y otro no, y la próxima cita es el martes 28, aunque podría adelantarse.
Gas Natural, por su parte, ha comunicado a la Comisión del Mercado de Valores que se mantiene a la espera de la decisión del órgano de administración de Endesa y de las actuaciones que tome el supervisor del mercado de valores en el proceso de ofertas competidoras -la suya y la de la alemana E.on-, dado el impacto sobre todas las sociedades involucradas y sus accionistas. El auto no entra a analizar la cuestión. Pero la juez cree posible la hipótesis de la concertación previa, dadas «la magnitud de la operación y de los recursos financieros que exige movilizar, su propia complejidad interna y las especificidades de los mercados del gas y la electricidad».
No le parece razonable que Gas Natural se hubiera lanzado a acometer una operación de tamaña envergadura «sin tener asegurado el destino funcional, pero también financiero como vía para reducir la cuantía final del esfuerzo monetario, de las plantas o unidades de negocio menos afines», es decir, «sin tener anticipadamente prevista y asegurada» la plena colaboración de Iberdrola.
Por eso, y porque en una opa la transmisión de acciones tiene carácter irreversible, la juez acuerda la suspensión de la operación, si previamente se produce el depósito de la garantía económica.
El auto puede ser recurrido en apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid en un plazo de cinco días. Ante la excepcionalidad del caso, que la propia juez considera «novedoso y discutible», no se realiza pronunciamiento sobre las costas.
Estrategia defensiva
El recurso a los tribunales es una pieza básica en la estrategia defensiva de Endesa. La eléctrica presentó su denuncia contra el pacto Gas Natural-Iberdrola en juzgados de Barcelona y Madrid, y este último la admitió a trámite el pasado 21 de diciembre. Antes, había recurrido ante el Tribunal de Justicia de la UE la competencia española, y no comunitaria, para decidir sobre la opa de Gas Natural. La Justicia europea rechazó el 1 de febrero la paralización cautelar de la operación, y Endesa ha recurrido esta decisión.
El aval de 1.000 millones de euros propuesto a Endesa, más de 166.000 millones de las desaparecidas pesetas, es el más alto de la historia judicial española.