El Gobierno del Principado, a través de Jaime Rabanal, consejero de Economía y Administración Pública, reconoció la negociación de un crédito a favor del Sporting, con el aval institucional, como ayer adelantó EL COMERCIO, para asegurar la viabilidad del club rojiblanco.

Rabanal fue escueto en sus manifestaciones sobre este asunto, aunque matizó que «estamos en negociaciones y el acuerdo no está cerrado». Sin embargo, el consejero asturiano subrayó que «el Principado ha demostrado estar comprometido con la continuidad tanto del Sporting como del Oviedo, dentro de la situación que viven». Asimismo, desveló que las negociaciones se prolongarán en los próximos días.

En el club gijonés se está a la espera de los trámites burocráticos que tiene que realizar el Principado, si bien la operación se considera que ya está habilitada. En el Sporting no hay excesiva prisa por concretar el crédito, puesto que la cantidad solicitada es la que se necesita para afrontar los últimos pagos de la temporada, correspondientes a las fichas de los jugadores, que deberán ser atendidas antes del comienzo de las vacaciones de verano de la plantilla, en la segunda quincena de junio.

Ahora, tras haber cobrado el importe correspondiente a la cesión de los derechos de imagen, embargo que levantó el magistrado Javier Antón Guijarro, la entidad gijonesa tiene liquidez para afrontar todos los compromisos de pago. Por ese motivo, el club rojiblanco atiende puntualmente el abono de las nóminas en los primeros días de cada mes e, incluso, con antelación en algún caso, como pasó con la última paga extraordinaria.

Todos los pagos llevan el visto bueno de los administradores concursales y, en algún caso, precisan la conformidad del juez, como es el caso de las indemnizaciones de los empleados despedidos, que siguen a la espera de percibir las cantidades que les corresponden por su baja en la entidad. El club tiene los casi 400.000 euros dispuestos, pendientes de que el magistrado dé el visto bueno. Este aspecto está pendiente de una gestión de los administradores, que podría hacerse esta misma mañana, aunque la primera intención era esperar a que el auto fuera definitivo, lo que no puede considerarse hasta que concluyan todos los recursos.

Ingresos variables

En principio, el desfase era de algo más de 3,5 millones de euros, pero hay varias partidas correspondientes a ingresos variables, que reducirán el déficit de final de temporada.

Uno de los capítulos corresponde a los pluses por cada encuentro televisado, lo que no se puede planificar antes del inicio de la competición. Los variables están en función de las cadenas que retransmitan los partidos, ya que no todas tienen el mismo canon, y si son en casa o fuera, con unos baremos aproximados de unos 5.000 euros fuera de casa y unos 16.000 euros, en El Molinón. Estas cantidades se reciben al final de la competición, salvo que se gestione algún ingreso anticipado.

Por otro lado, la intención del consejo de administración del Sporting es tener firmado el convenio de acreedores en un plazo no superior a dos meses. Los dirigentes pretenden que con la temporada pueda concretarse lo que se espera que sea la solución definitiva a los problemas financieros de la sociedad.

Las gestiones del convenio están encomendadas a un gabinete jurídico del entorno de Celso González. Según fuentes del club, el estado de las negociaciones con los acreedores están muy avanzadas y camino de cerrarse en los parámetros previstos por los asesores jurídicos y financieros del club gijonés.

Banco institucional

El crédito de 3,3 millones de euros, con el aval institucional, se realizará en la entidad bancaria que determine el Principado, gestión que parece perfilada.

El aval estará respaldado por los traspasos de jugadores. En este aspecto, con vistas al final de la temporada, el portero Roberto es el futbolista a traspasar, aunque las ofertas que podrían llegar están en torno a 600.000 euros, mientras que el Sporting pide inicialmente el doble.

Tras lograr una solución económica, los dirigentes del club encauzarán el siguiente ejercicio con una reducción de fichas, que afectará a los jugadores que cobren más de 150.000 euros anuales, salvo excepciones.