El Gobierno está dispuesto a poner coto a las empresas suministradoras de servicios -luz, agua, gas, ADSL u operadoras de telefonía, entre otras- que dificultan, cuando no impiden subrepticiamente, que los usuarios pueden darse de baja en las mismas condiciones de facilidad con que solicitaron el alta. Atendiendo a las reiteradas denuncias de ciudadanos y organizaciones de consumidores, el Ejecutivo también prohibirá el redondeo al alza en los servicios de telefonía y en los aparcamientos, al tiempo que impedirá algunas prácticas abusivas contempladas en la adquisición de nueva vivienda, como que el comprador asuma el pago de plusvalías que corresponden satisfacer al vendedor o que esté obligado a subrogarse en el crédito hipotecario del promotor.