CUANDO se acaban de cumplir 30 años del golpe de Estado que instauró una de las dictaduras más crueles del cono sur americano, la sociedad argentina ha vuelto a recordar al mundo que se niega a practicar ningún tipo de ejercicio de amnesia colectiva, por útil que pareciese, y se ha lanzado masivamente a las calles para que no se olviden a sus más de 30.000 desaparecidos. Esa imparable corriente reivindicativa es la que ha conseguido tras años de presión moral que el Congreso y el Senado, primero, y la Justicia, después, anulasen las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida. Ahora, en uno de los últimos gestos que quedaban por realizar, el presidente Kirchner autorizaba esta misma semana, como parte de su firme política de impulso a los derechos humanos y con el fin de agilizar las investigaciones por la represión, el acceso a los archivos de las fuerzas armadas.

Las tesis que defienden procesos de reconstrucción nacional partiendo de la base de pasar página -juiciosas en general- no eran aplicables en el caso argentino. De hecho, las políticas de los presidentes Alfonsín y Menem no fueron sino amnistías encubiertas e intentos de rápida normalización que no podían servir por la sencilla razón de que dejaban a los damnificados por el golpe militar como los grandes perdedores. Sin mencionar el agravante imperdonable de dejar sin castigo sucesos tan sangrantes como el sistemático rapto de los bebés recién nacidos de madres detenidas y después 'desaparecidas'. Argentina no tenía otro camino que oponerse al triunfo final de la impunidad. Y lo ha conseguido.