TODOS los gobiernos democráticos, sin excepción, han efectuado propuestas voluntaristas sobre la reforma de la función pública, inevitable si de verdad se quiere modernizar las distintas Administraciones. Pero en todas las ocasiones la proyectada reforma se ha quedado en nada, o en casi nada, por la sencilla razón de que el cambio necesario, que siempre pasaba por la reducción de un conjunto de privilegios, ha tropezado con la evidente fuerza electoral que conforman casi 2,5 millones de trabajadores públicos. Y, una vez más, la propuesta del nuevo Estatuto Básico del Empleado Público que acaba de ser presentada por el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y cuyo anteproyecto será aprobado por el Gobierno este mes, sigue los mismos derroteros de anteriores intentos. De entrada, las iniciales y negativas palabras del ministro, al advertir a los funcionarios de que se acabaría el «tener el cargo asegurado de por vida» tuvieron que ser rápidamente matizadas y reconducidas, en el sentido de que la ineficacia tendría efectos de pérdida del cargo pero no del puesto de trabajo. La Administración socialista pretende introducir criterios de evaluación periódica del trabajo de los funcionarios. Pero, salvando el hecho de que no se ha explicado cuáles serían esos criterios de evaluación, ni quiénes los encargados de evaluar a los funcionarios, lo que puede abrir las puertas a la arbitrariedad política precisamente en donde se dirime el interés general, es evidente que esta propuesta no va a resolver el profundo anacronismo normativo que sufre la función pública española ni tampoco el caos organizativo que caracteriza, sobre todo, a la Administración central.

Este anteproyecto es una oportunidad para implementar en la función pública los principios de productividad y profesionalidad, como en las democracia más avanzadas, que han logrado mantener los sistemas administrativos a salvo de los cambios de Gobierno. Para avanzar en esa dirección más que controles y evaluaciones, que si no son rigurosas e independientes pueden desembocar en la arbitrariedad, lo recomendable sería establecer mecanismos de protección de la función pública ante las presiones partidistas. Hubiese sido más acertado por el ministro haberse volcado también en encontrar elementos tendentes a estimular al trabajador público -hoy prácticamente carente de incentivos- y en promover su formación continua.