El Gobierno tiene sobre la mesa desde finales de la semana pasada los expedientes de 101 presos de ETA, candidatos a un hipotético acercamiento a cárceles próximas al País Vasco si la organización terrorista da muestras antes de junio de su voluntad real de dejar las armas. Son casos de etarras ya juzgados que en su mayoría no tienen delitos 'de sangre' y sin condenas múltiples. Casi todos son colaboradores, 'chivatos', dirigentes de Jarrai, activistas de la 'kale borroka' y terroristas que fueron detenidos antes de actuar. Buena parte de ellos se encuentra ya en segundo grado penitenciario y algunos próximos a su excarcelación tras haber cumplido las tres cuartas partes de la condena.

Fuentes del Ejecutivo informaron de que entre esos 101 terroristas, el 20% de los 494 presos de ETA en España, estaría el grueso de los reclusos que serán enviados a cárceles más cercanas al País Vasco y Navarra, en el que sería el primer gesto del Gobierno ante la organización terrorista una vez que el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil, la Ertzaintza y el CNI verificasen la voluntad de la organización de dejar las armas. Los informes de las fuerzas de seguridad tras los primeros diez días de alto el fuego son, según las fuentes consultadas, «positivos» y «alentadores».

La Moncloa no se plantea, por el momento, un cambio penitenciario masivo de la población reclusa etarra. Los excluidos de esta maniobra serán, salvo algunas «seguras excepciones», la mayoría de los 242 miembros de ETA condenados por delitos de sangre o con sentencias de más de 30 años de cárcel por su participación en graves atentados o con responsabilidades en algún 'aparato' de la organización. De este grupo, 184 están condenados por el Código Penal de 1973, y el resto, 58 activistas, están sentenciados con el nuevo Código de 1995. En ese primer gesto del Ejecutivo después de constatar la veracidad del alto el fuego, tampoco estaría la inmensa mayoría de los 151 presos preventivos de ETA.