El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha aceptó ayer un informe que diluye la responsabilidad del factor de la estación de Chinchilla, el único acusado por el accidente ferroviario ocurrido en junio de 2003 en esta estación albaceteña en el que murieron 19 personas -entre ellas dos asturianos: la ATS Eva María Tombo, avilesina de 32 años, y el abogado Felipe Javier Martín, de 45 años y originario de Lena- y otras 48 resultaron heridas.

El Tribunal Superior de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, acogió ayer la primera de las 18 sesiones del juicio. El único acusado empezará a declarar hoy

El choque frontal, en una vía única para dos direcciones, de un Talgo que cubría la línea Madrid-Cartagena (Murcia) con un tren de mercancías que se dirigía a Madrid desde Murcia, se debió a una «sucesión de errores mecánicos», según el informe redactado por uno de los miembros de la Comisión Operativa de Seguridad de Renfe. A petición del abogado del factor de circulación, el juez encargado del caso aceptó este documento, cuyas conclusiones contrastan con las del informe oficial elaborado en su día por Renfe (la actual ADIF), que atribuía el siniestro a un error humano de José Luis Díaz, que accionó el semáforo para que el Talgo continuara su viaje sin percatarse de que otro tren venía en sentido contrario. El escrito añadía que cuando trató de ponerse en contacto con el maquinista a través del móvil ya fue tarde.

Pena de cárcel

José Luis Díaz, de 41 años, asistió con semblante serio a la primera sesión del juicio. Se enfrenta a una veintena de acusaciones particulares que piden para él cuatro años de cárcel y a una fiscalía que solicita dos años y medio de prisión y cinco de inhabilitación por 19 delitos de homicidio y 48 de lesiones por imprudencia grave.

Según su abogado, «el informe oficial de Renfe tiene muchísimas contradicciones inaceptables, errores y omisiones y se hizo con una finalidad política y no de investigar el accidente. Nosotros mantenemos que pudo haber algún error humano que no tuvo que ser necesariamente por el acusado y que influyeron, sobre todo, factores técnicos del sistema de seguridad de circulación porque normalmente estos accidentes se producen por un cúmulo de causas que no tienen que ser por un solo error humano». Una tesis que rechazó la abogada que representa al ADIF, María José Olivares, para quien el informe oficial «en absoluto intenta satisfacer ningún interés político ni de otra naturaleza sino establecer cómo se producen los accidentes para, en la medida de lo posible, evitarlos en el futuro».

Desde las acusaciones particulares se centra toda la responsabilidad en el factor. Uno de los abogados de las acusaciones, José Antonio Tuero, indicó que «el imputado es el responsable, con lo cual tiene que hacer frente a una hipotética condena porque hay un fallo que se ha cometido y no es un fallo aleatorio».

Línea tercermundista

A la primera sesión de este juicio que finalizará a mediados de mayo acudieron familiares de las víctimas y compañeros del único acusado que quisieron expresarle así su solidaridad. Uno de ellos, el secretario provincial en Albacete del Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (SEMAF), Eugenio Parreño, denunció públicamente que la línea Chinchilla-Cartagena «está igual que hace tres años» ya que el sistema de seguridad de bloqueo automático de los trenes sólo existe en un tramo de 60 kilómetros. «Nuestra preocupación es que el trayecto de vía donde se produjo el accidente lo arreglen lo antes posible», demandó.