Según señaló el consejero de Economía y Administración Pública, Jaime Rabanal, SADEI permitió ejercer la actividad estadística en Asturias desde una época temprana, si bien en la actualidad "presenta notables limitaciones derivadas de su naturaleza jurídica de sociedad anónima" que hacen conveniente la creación de este Instituto.

Su creación viene recogida en el proyecto de Ley de Estadística, que iniciará ahora su trámite parlamentario y que pretende regular los principios rectores de esta actividad, su planificación, la organización de su sistema estadístico y sus relaciones con los órganos estadísticos de otras administraciones Públicas, así como el correspondiente régimen sancionador.

Rabanal precisó que Asturias es, junto a Aragón, la única comunidad autónoma en la que no está regulada de forma específica la actividad estadística de interés público.

"Es una ley oportuna y necesaria que establece la obligación de facilitar la información tanto a personas físicas como jurídicas" para la elaboración de estadísticas, afirmó el titular de Economía, que destacó la existencia de garantías de confidencialidad y secreto estadístico.

Junto a la creación del Instituto Asturiano de Estadística, el proyecto plantea la realización de planes cuatrienales, que serán aprobados por el Consejo de Gobierno en el que se fijarán cuáles son las estadísticas que han de realizarse, y la creación del Consejo Consultivo de Estadística.

Según Rabanal, todo lo que no esté en esos planes cuatrienales no tendrán consideración de estadística pública, si bien el Instituto podrá llevar a cabo otros estudios de opinión pública, que deberán regularse reglamentariamente.

El proyecto de ley prevé que el Instituto de Estadística envié a la Junta General del Principado un anticipo provisional de los resultados de los estudios de opinión de interés del Principado de Asturias que se refieran a la intención de voto y a la valoración de partidos y de líderes políticos, en un plazo no superior a dos meses desde la finalización de los trabajos de campo.

Asimismo, trasladará a la Junta General del Principado de Asturias cada tres meses la relación circunstanciada de los estudios de opinión de interés finalizados y archivados en el Registro de Estudios de Opinión.