DE forma tan espectacular como inusitada, la Comisión Europea ha decidido emprender diferentes procedimientos de infracción contra 17 Estados miembros por su falta de cumplimiento del derecho comunitario en el sector de la energía. El país más señalado como 'incumplidor' por el Ejecutivo comunitario ha sido España por su reiterada no aplicación de varias normas básicas europeas. Estamos ante una decisión que va más allá de la labor técnica como 'guardiana de los Tratados' que ejerce esta institución central en la integración europea y que, en el caso español, pretende subrayar un mensaje político muy directo: algo no funciona en la pretendida política europea del Gobierno de Zapatero.

El Ejecutivo comunitario se siente fuerte tras el respaldo del reciente Consejo Europeo de marzo a la creación de un mercado europeo de energía ante las amenazas externas a la Unión en el suministro y el futuro incierto del gas y del petróleo. Además, la canciller alemana, Angela Merkel, apoya a fondo al presidente Barroso para que impulse la liberalización de los mercados y luche contra las tentaciones españolas y francesas de «patriotismo económico». La Comisión busca que nuestro país respete las reglas del juego del incipiente mercado europeo de la energía y desarrolle de una vez las directivas de gas y electricidad sobre libre elección de proveedores. Del mismo modo, la Comisión ha denunciado la ley española relativa a las participaciones públicas en el sector energético, que impide la compra de más del 3% de una empresa energética española sin autorización del Gobierno, una ley aprobada en 1999 para frenar la entrada de la francesa EDF en España; a lo que pronto se añadirá un nuevo procedimiento de infracción por el apresurado decreto-ley que autoriza a la Comisión Nacional de la Energía a rechazar la OPA de E.On.

España no puede pasar de haber sido un país modélico en cuanto al cumplimiento de las normas de Bruselas a, literalmente, arrastrar los pies ante la legalidad comunitaria, cuando no a ignorarla. Las fuertes multas al final del posible proceso judicial en el Tribunal de Luxemburgo no son las únicas razones para cumplir con las normas europeas, está en juego la credibilidad y la confianza internacional de nuestra economía, cada vez más abierta y dependiente del exterior.