El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska dejó ayer claro que el 'alto el fuego' de ETA no autoriza a Batasuna a actuar en público sin respetar su ilegalización. El magistrado, tras estudiar un informe elaborado por la 'Ertzaintza', prohibió ayer el acto que el partido proscrito tiene previsto realizar el domingo en el auditorio 'Kursaal' de San Sebastián, en el que quería presentar a los miembros de la nueva Mesa Nacional y dar a conocer su nuevo proyecto político. La formación ilegalizada anunció que iba a pagar las fianzas de Arnaldo Otegi, Juan José Petrikorena y de Juan María Olano antes del fin de semana para asegurar la reaparición pública de sus dirigentes encarcelados en el mitin ahora prohibido.

El juez, en un auto de cinco folios, ordenó al Gobierno vasco y a la Delegación del Gobierno en Navarra que, a través de la Ertzaintza, la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, «tomen las medidas necesarias para evitar la celebración no sólo de este acto sino de cualquier otro de las mismas características» que pretenda realizar Batasuna el domingo o «en cualquier otra fecha». Recordó a los cuerpos policiales que lo dispuesto en su auto de 17 de enero pasado, por el que suspendió todas las actividades del partido ilegalizado por plazo de dos años, faculta para que se anticipen e impidan la celebración de cualquier acto público de Batasuna.

Entrega de etarras

Por otra parte, las autoridades francesas entregaron ayer a la justicia española a los presuntos etarras Gregorio Vicario Setién y Xangarin Recondo Serrano, que acumulaban entre los dos ocho órdenes de busca y captura de los juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional.

Vicario Setién, vizcaíno de 38 años, se integró en ETA en 1985 como colaborador del comando 'Araba'. Entre 1995 y 1997, participó en los secuestros de los empresarios José María Aldaya y Cosme Delclaux. A Xangarin Recondo Serrano, pamplonés de 27 años, se le atribuye vinculación al 'comando Bakartxo'.