La opa (oferta pública de adquisición) de Gas Natural sobre Endesa está paralizada y ni el Gobierno ni las compañías pueden esperar más sin introducir cambios definitivos en el funcionamiento del sector eléctrico. Las cuentas de las empresas son reveladoras del mal funcionamiento del sistema. Sin el reconocimiento del déficit de tarifa, las ganancias netas de las compañías por su actividad eléctrica en España se hubieran visto reducidas a 343 millones de euros el pasado año, un 84% menos de la cifra presentada. Bien poca cosa para una industria con 24.035 empleados, 17.087 millones de volumen del negocio, 57.047 millones de capital invertido y 38.300 millones de deuda financiera, entre otras variables.

Cierto que los beneficios después de impuestos que presentaron la asturiana HC Energía, Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa y Enel-Viesgo sumaron 5.552 millones de euros en 2005, un 91% más que en el ejercicio anterior, pero la mitad de esa cifra procedió de las plusvalías de las desinversiones y otra elevada cuota se generó en el exterior. Las cuentas reflejadas en la memoria anual de Unesa ponen de manifiesto que la aportación de la actividad eléctrica en España ascendió a 2.765 millones. Y ese importe se alcanza después de computar un déficit de tarifa de 3.500 millones de euros.

Deuda del consumidor

El déficit de tarifa es la diferencia entre los ingresos percibidos por las compañías y los costes reconocidos. En otras palabras, es una 'deuda' que los consumidores contraen con las empresas, porque la tarifa de años sucesivos tiene que incorporar ese desfase para que las empresas lo recuperen. Por eso, y porque el Ministerio de Industria sospechó que los costes reconocidos estaban siendo manipulados, introdujo por decreto una solución 'parche' el pasado 24 de febrero, para su aplicación desde el 3 de marzo.

En esencia, esta norma provisional de funcionamiento del mercado mayorista obliga ahora a las empresas verticalmente integradas a vender la energía de sus centrales a sus propias distribuidoras a un precio determinado de 42,5 euros por megavatio hora. Hasta entonces, esas plantas colocaban su producción en el mercado y cobraban al precio de la central más cara que entraba en el proceso de casación.

Las eléctricas pusieron el grito en el cielo. Según sus cálculos, la aplicación de ese sistema durante todo el ejercicio restará a su beneficio operativo 1.500 millones de euros. A modo de referencia, esta ganancia fue de 7.181 millones el pasado año, incluido el déficit de tarifa. Sin él, se hubiera quedado en 3.670 millones de euros.

Peor aún, el mecanismo provisional hace más ruinosa para las grandes compañías la actividad de distribución, verdadero cuello de botella para el suministro eléctrico, que en las actuales condiciones de retribución ya pesa como un lastre en el negocio de las empresas. Si pudieran, y por razones puramente económicas, dejarían de operar en ese segmento.