Antonio Toro Castro, acusado de un delito de tráfico, transporte o suministro de explosivos en relación con los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid y que, en la actualidad, está cumpliendo condena por un delito de tráfico de drogas -ocurrido en junio de 2003- en el centro penitenciario de Villanubla (Valladolid), no podrá salir de prisión a pesar de que el juez Juan del Olmo haya decretado para él libertad bajo fianza de 50.000 euros.

Esta situación procesal no afecta a la condena de seis años de cárcel que tiene que cumplir por el delito de tráfico de drogas y que le fue impuesta por la Audiencia Provincial de Oviedo en octubre de 2004.

Según fuentes consultadas por EL COMERCIO, con la actual condena de seis años que pesa sobre Antonio Toro, «en el mejor de los casos», el avilesino podría salir de prisión -en libertad condicional- en un plazo de cuatro años y medio. Es decir, cuando se hayan cumplido las tres cuartas partes de la condena impuesta, ya que al haber sido juzgado por el Código Penal de 1995 no se le puede aplicar ninguna reducción de la pena.

La otra posibilidad que existe, la de que se le aplique el tercer grado penitenciario -un régimen de semi-libertad que le permitiría, por ejemplo, salir de prisión durante el día y volver para dormir o bien pasar los fines de semana fuera- es exigua. Sobre todo teniendo en cuenta que dentro de seis meses volverá a ser juzgado por un delito de tráfico de drogas y explosivos -por el caso 'Pipol'- y que su nombre figura entre los 29 encausados con los que el juez Juan del Olmo da por concluido el sumario del 11-M.

Sentencia firme

Su situación no tiene nada que ver con la de los dos mineros asturianos también imputados en el 11-M. Emilio Llano y Raúl González salieron en libertad el mismo día en que el juez del Olmo dio a conocer el auto de procesamiento y tras abonar una fianza de 25.000 y 35.000 euros respectivamente. Toro no está en prisión preventiva, como lo estaban ellos, sino cumpliendo una sentencia firme. De ahí que tenga que cumplir íntegra la condena.

Precisamente el temor a que Antonio Toro pudiera salir de prisión en breve motivó que el guardia civil Jesús Campillo decidiera ponerse en contacto con el juez Juan del Olmo para pedirle protección. El agente de la Comandancia de la Guardia Civil de Gijón -que está de baja psicológica desde noviembre de 2004- fue quien, ya en agosto de 2001, pidió la apertura de una investigación para destapar una trama de venta de dinamita en Asturias que lideraban José Emilio Suárez Trashorras y su cuñado Antonio Toro. La noticia de que el juez Juan del Olmo daba por cerrada la instrucción del 11-M y decretaba la libertad bajo fianza para este último provocó que el agente de la Benemérita decidiera pedir protección para garantizar su integridad física, ante el temor de posibles represalias.

Próximo juicio

Es el 23 de octubre de este año cuando Antonio Toro tendrá que volver a comparecer ante un juez -de nuevo por tráfico de drogas, delito al que se suma el de tráfico de explosivos- por su presunta relación en la operación 'Pipol', en la que también está imputado su cuñado, José Emilio Suárez Trashorras. Ambos se enfrentan a 17 años de cárcel, que es la condena que el fiscal antidroga de Asturias, José Perals, pide para ellos como acusados de formar parte de sendos grupos organizados que se dedicaban a la introducción y distribución de drogas en Asturias y que fueron desarticulados en agosto de 2001.

El asunto 'Pipol' se verá en la sección octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón, entre el 23 de octubre y el 30 de noviembre de este mismo año. La larga duración del juicio oral se explica por el elevado número de acusados (21) y de abogados defensores (quince) que intervendrán durante la vista.