Las listas de electores de los municipios de menos de 2.000 habitantes están bajo sospecha. El Gobierno central, a través de la Oficina Central del Censo Electoral (OCE), publicó el pasado mes de marzo una resolución en el Boletín Oficial del Estado en la que obliga a los ayuntamientos de estos concejos a que actualicen sus censos para comprobar que «todos sus empadronados residen en la localidad». El objetivo que se persigue con esta medida es el de «evitar que se cometan un fraude electoral» en las próximas elecciones después de que en los comicios municipales de 2003 se hayan detectado «empadronamientos sospechosos», según indican fuentes del Instituto Nacional de Estadística (INE).