Desde el Ministerio de Industria, Galo Gutiérrez se encarga de gestionar los informes vinculantes que avalan el grado de innovación de los proyectos de I+D de las empresas. De ellos dependen el grado de ventajas fiscales que reciben. un proceso que explicó en las jornadas del Club de Innovación.

-¿Cómo surgen los informes vinculantes?

-El problema tradicional desde el punto de vista fiscal era la falta de seguridad. La ley establece diferencias entre desarrollo tecnológico e innovación con distintas ventajas fiscales. Definir un proyecto no es fácil. Para resolver dudas, la ley autoriza al Ministerio de Industria a emitir un informe vinculante sobre los contenidos del proyecto que aporta seguridad a los empresarios. Empezamos en 2003 y comienzan a verse los resultados. En Asturias se produce un incremento de solicitudes.

-¿En cuánto?

-Se pasó de nueve solicitudes en 2003 a 13 en 2004, un 44%. En España se creció un 88% pasando de 298 a 559. Este año esperamos un aumento mayor. Es fruto del trabajo de todos: de las organizaciones empresariales, del Ministerio de Industria...Cuesta conocer los sistemas.

-¿A qué sectores pertenecen las empresas asturianas?

-Fundamentalmente, al industrial.

-¿Los criterios para definir el tipo de investigación son fijados por la ley o el Ministerio?

-La ley define innovación tecnológica e investigación y desarrollo de una forma muy amplia, tiene que ver con el producto y su elaboración. La Agencia Tributaria entiende que la innovación tecnológica es una novedad para la empresa o el producto ya existente, el riesgo es menor y la desgravación también. La investigación y desarrollo aporta conocimientos nuevos y, por tanto, una mayor riesgo y se aumenta la deducción. Se trata de incentivar la creatividad como factor de competitividad.

-¿Cubre los proyectos con centros de investigación y Universidades?

-La norma es muy inteligente porque preve la subcontratación de partes del proyecto de investigación. Cuando la empresa, o el grupo de empresas en un consorcio, colaboran con las universidades o centros de investigación la deducción puede alcanzar el 50%.