Doscientos rumanos de etnia gitana viven en Gijón en condiciones de exclusión social. Se trata, mayormente, de núcleos familiares amplios, regidos por mujeres que carecen de permiso laboral y que suelen residir en viviendas precarias. Estas son, al menos, las principales conclusiones de un estudio elaborado a instancias de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, con el que se ha podido conocer más en detalle la realidad de este colectivo de inmigrantes que «tiene claros problemas de integración» y que, «hoy por hoy», constituye el colectivo que sufre «mayor grado de marginación» en la ciudad.

El trabajo de campo, el primero de estas características realizado en Gijón, fue elaborado por la Comisión Católica Española de Migración (ACCEM), a través a un convenio de colaboración firmado en 2005 con el Ayuntamiento y que tendrá continuidad a lo largo de este año. Con esta iniciativa se pretendía lograr una aproximación a la realidad de los rumanos de etnia gitana que residen en la ciudad. Los resultados del estudio fueron presentados ayer en un acto presidido por la concejala de Asuntos Sociales, María Antonia Fernández Felgueroso, donde expuso públicamente su preocupación «por la situación de exclusión en la que está sumido este colectivo».

¿Cuántos son? ¿Cómo viven? ¿Qué actividades realizan? ¿Cuáles son sus necesidades? Estos y otros muchos interrogantes fueron el punto de partida de la investigación, en la que trabajaron dos mediadoras sociales de origen rumano: Dana Brotea y Carmen Creanga, y que ayer fueron las encargadas de poner el lado humano a los datos estadísticos.

Se estima que Gijón cuenta con un grupo de 200 rumanos de etnia gitana, de los que 21 de ellos son niños. La mayoría carece de recursos económicos. Suelen vivir de la venta ambulante y de la mendicidad. Los semáforos de las principales arterias de la ciudad son sus 'puntos de trabajo'. También la calle Corrida, el paseo de Begoña, el Muro y la zona del puerto deportivo.

«Dar dinero no ayuda»

Dar una limosna no es siempre la mejor aportación. Así lo advirtió ayer Julia Fernández Quintanilla, responsable de ACCEM, quien explicó que «darles dinero no les ayuda, todo lo contrario. Es muy difícil que estas personas entren en el circuito de ayudas sociales si no logramos que abandonen la mendicidad».

Precisamente, de ello, de lograr que estos inmigrantes dejen de ser unos excluidos, trata la segunda fase del convenio que ayer fue firmado entre la Fundación Municipal de Servicios Sociales y ACCEM. «Queremos que poco a poco se vayan integrando; que accedan a planes de formación y a trabajos normalizados, así como a la red de ayuda sociosanitaria, que prácticamente desconocen», explicó Fernández Felgueroso.

Los más jóvenes, reveló la concejala socialista, «se han mostrado muy receptivos a cambiar de vida». También valoran muy positivamente que sus hijos puedan acudir al colegio «y no sufran discriminación» por su condición étnica.