LA Radio Televisión del Principado de Asturias (RTPA) está en emisión en prueba; es casi el último paso antes de emitir para toda Asturias, dando comienzo a su programación en el mes de mayo de manera efectiva y sistemática. Es este, el de la televisión asturiana, un proyecto deseado y demandado y, a la vez, cuestionado y denigrado. Afortunadamente, tiene más partidarios que detractores. Sabemos que entre estos últimos está el PP; lo estuvo desde el principio, desprestigiando todos los procesos y procedimientos, en una actitud extraña, paradójica y contradictoria. Se opone tenazmente a una idea que, por no se sabe bien que extrañas reflexiones, es buena y aceptada en todas las comunidades autónomas donde gobierna o gobernaba el Partido Popular, y mala en Asturias. Al PP le valen todos los modelos de televisión en España, menos el de Asturias. Les vale el modelo de los constructores de Murcia, el despilfarrador de Galicia o el de la 'reserva espiritual' de Madrid. Es más, cuanto más dinero derrochan, cuando más sectaria y cuestionada desde el punto de vista de la objetividad, más les gusta y cuando se trata de un proyecto austero, plural, participativo, muy transparente y con aceptación social y profesional amplia, menos les gusta al PP.

No vamos a sorprendernos de este comportamiento del PP, que primero boicotea la puesta en marcha de los órganos del Ente Público impidiendo constituir el Consejo de Administración, para que, una vez superadas todas las trabas, haya que modificar la ley para permitir la incorporación del propio PP al Consejo, donde le aguardan seis sillas vacías. Lo peor es que desde diciembre manifiestan su intención de incorporarse y, al día de hoy, no saben cuándo estarán en condiciones de hacerlo. Algo tan sencillo como nombrar a seis personas para el Consejo de Administración el PP no sabe cómo resolverlo.

Pero lo que sí extraña más es la opinión de IU, o la de su diputada Diana Camafeita, a la sazón presidenta de la comisión parlamentaria de control del Ente Público de Comunicación. Resulta sorprendente que, a estas alturas, después de dos años de aprobada la ley, realizados los procesos de selección de personal con la pulcritud y transparencia que este tipo de procedimiento exige (no ha habido ni tacha ni sombra de duda ), con un director general que ha comparecido en el Parlamento asturiano más veces que cualquier director de TV en España, que ha explicado con detalle y minuciosidad todos los aspectos de este proyecto, la propia presidenta de la comisión tenga tantas dudas o tanto desconocimiento acerca del proyecto, como las expresadas en un reciente artículo en estas páginas del EL COMERCIO. Por esto he creído conveniente insistir en algunas consideraciones:

Comienza su artículo diciendo «que una televisión pública no debe sostenerse en la privatización de dos tercios de la producción» cuando no se puede privatizar algo que previamente no ha tenido ni tiene carácter público, como es la producción de contenidos. Lo hace desde un discurso contradictorio: apela a la defensa del sector privado audiovisual en Asturias y que RTPA se constituya en el motor de referencia, pero, a la vez, discrepa con que se contrate parte de la producción con las empresas asturianas. ¿Pero cómo se dinamiza una sociedad si no es con la generación de empleo? En el caso de la RTPA con empleos de calidad, altamente cualificados, un 67% de mujeres; en total, más de 300 puestos de trabajo con salarios dignos, en condiciones estables con la oportunidad de compartir por su formación en el mercado multimedia, experiencia única y primera en el conjunto de las televisiones autonómicas del país. Cuando las empresas públicas del sector están dando pasos atrás de forma acelerada por el fracaso de un modelo trasnochado y caduco, en Asturias hay personas que se empeñan en hundir este proyecto en el lodazal de lo inservible, de lo sobredimensionado, de lo ajeno a la realidad que exige la ciudadanía. Cuando el resto de las televisiones de Europa (en TVE con una deuda de 7.500 millones de euros no hay mas remedio que hacer lo mismo) abogan por externalizar este tipo de servicios como fórmula que facilita una gestión más racional de los recursos, en Asturias se nos propone que defendamos modelos que huyen de estas experiencias fallidas, incluso en contra de directivas europeas que recomiendan potenciar la producción independiente. Es falso que la externalización de la producción de programas o parte de los servicios informativos genere empleo de baja calidad. Por lo que conocemos, se están pagando salarios con un incremento medio del 30% sobre lo que pagan las radios y las televisiones locales asturianas y se ha exigido a todas las empresas condiciones retributivas dignas, muy próximas a la retribución del personal de plantilla.

La señora Camafeita hace imputaciones que no documenta ni sustenta en hechos y datos objetivos. Es de un profundo desconocimiento pensar que las televisiones públicas de España hacen toda su programación con personal de plantilla. Y también que con una plantilla de 65 personas para la producción de contenidos (redacción y área técnica) se puedan cubrir 12 horas diarias de programación. Con su propuesta se promueve un modelo inmovilista, 'mastodóntico' por medios técnicos y recursos humanos, sujeto a los vaivenes derivados de los posibles cambios futuros en la dirección que sólo creará un 'cementerio de elefantes' al que nos oponemos por respeto a los ciudadanos que depositaron su confianza en este Gobierno.

Llama la atención la alusión a una gestión no transparente del Ente Público de Comunicación, cuando el director ceneral ha comparecido en la comisión parlamentaria en cinco ocasiones en 15 meses, se ha presentado y discutido el proyecto y todos sus pasos en comparecencias públicas ante medios de comunicación, en congresos internacionales, en foros asturianos, en cursos de la Universidad, Cámaras de Comercio, Federación de Empresarios, Asociación de la Prensa; se han mantenido reuniones con todos los productores (la última, el 10 de marzo). Todos, excepto, al parecer, IU, comparten los principios e ideas de cómo construir un medio austero y competitivo en calidad. Pero parece que no es suficiente y se sigue hablando de opacidad. Aun así se han publicado todos los contratos y adjudicaciones con el BOPA y se ha tratado de emplear el mayor número posible de empresas asturianas: en la actualidad de la veintena que trabaja para RTPA, 16 son asturianas y otra está dirigida por un asturiano. Son razones suficientes para pensar que no hay opacidad y así lo dicen los propios interesados. Se pide por otro lado que se reflexione sobre la premura en la puesta en marcha del proyecto para ver que cosas se pueden hacer con la plantilla actual.

Por nuestra parte tenemos absoluta confianza en los actuales gestores, en la televisión que se quiere, los medios que necesitamos y en la múltiple aportación del Ente a la cohesión de nuestra comunidad. De todos modos es incompatible desarrollar el modelo de servicio público que persigue IU y pedir a la vez que impulsemos el sector audiovisual asturiano. Se debe explicar esta paradoja a los 300 empleados que trabajan para RTPA o las empresas que se desarrollarán gracias a esta iniciativa.

Participamos en la idea de que la llingua asturiana debe tener presencia en la televisión, en la radio y en el periódico por ser un servicio público. Defenderemos lo que dice la Ley de creación del Ente Público y el Plan de Normalización y, por lo tanto, atendiendo a la realidad social impulsaremos, sin ninguna duda, una «RTPA con asturiano».

Coincidimos en que habrá que abrir un período de reflexión sobre algunas cuestiones, pero no como una condición indispensable para iniciar la emisión. No puede estar supeditada a veleidades de última hora transmitidas a la opinión pública antes que a los gestores de los medios, porque el compromiso de RTPA debe estar por encima de estas ocurrencias del momento, más propias, así parece, por un posible temor ante el buen tono que empieza a tomar este proyecto que tanto esperan los asturianos. Estamos convencidos de que RTPA cumplirá los fines sociales a los que nos emplaza la Ley de Medios de Comunicación Social de 17-3-2003 y que nunca será un medio de propaganda estéril y un pozo sin fondo (no estamos a favor de una televisión «cueste lo que cueste») para alimentar a empresas privadas a costa de sacrificar nuestros principios.

En definitiva, en estos momentos no es bueno dibujar dudas y sembrar desconfianza en la plantilla de RTPA y en el sector audiovisual asturiano. Construyamos un modelo de televisión pública, asturiana, austera y transparente, entre todos, asumiendo las obligaciones de gobernar sin prejuzgar el proyecto como un medio de control político y de propaganda. Desde nuestra posición queremos transmitir nuestra confianza hacia el sistema asturiano de comunicación y hacia los profesionales y trabajadores, a los que no supongo venales ni víctimas fáciles de los chantajistas.