Esta sentencia ha sido dada a conocer hoy por el sindicato CC.OO. en una rueda de prensa en la que estuvo presente Mohamed Douh, uno de los ocho trabajadores afectados que figuran en la sentencia del juez José María Serrano Alonso.

Por parte del sindicato, estuvieron presentes los secretarios de Política Social y de la Federación de Construcción, Madera y Afines (FECOMA) de CC.OO. de Asturias, Angeles Alegre y Jesús Alonso, respectivamente.

La resolución condena a los españoles L.A.A. y J.L.V., empresarios de "Hormas: Aplicaciones y Servicios, S.L." y "KDOS COWS, S.L.", compañías dedicadas a la construcción, y al marroquí L.E.H., intermediario en la contratación de los trabajadores tanto en su lugar de origen como en España, a seis meses de cárcel para cada uno que ha sido conmutada por una multa de 1.200 euros.

El juez indica que desde marzo de 2000 a diciembre de 2001, se dio trabajo a 130 marroquíes que "eran alojados en un chalet de Siero en condiciones de hacinamiento impuesto con carácter obligatorio por la empresa, no entregándoles la llave y cerrándose la puerta a las 23,30 horas".

Las retribuciones económicas percibidas que realmente recibían no eran las reflejadas en las nóminas, sino que eran objeto de numerosos descuentos en concepto de posibles infracciones, por comida y alojamiento, agrega la sentencia.

En este sentido, Douh dijo hoy que las sanciones podían llegar "hasta las diez mil pesetas por día no trabajado a causa de enfermedad", y el sueldo mensual podía "menguar en algunos casos hasta el cincuenta por ciento", agregaron los sindicalistas.

Sentencia "ejemplarizante"
Alegre afirmó que esta sentencia es "ejemplarizante" y que puede servir de "efecto disuasorio" contra esa parte del empresariado que "no respeta los derechos de los trabajadores inmigrantes".

Asimismo, apuntó que puede servir para que los inmigrantes denuncien situaciones como éstas con el fin de que consigan los mismos derechos que los trabajadores españoles, aunque reconoció que la pena debió de ser "mas dura".

La sindicalista instó a las administraciones "a cambiar la legislación" referente al trabajo de los inmigrantes con el fin de "acabar con este tipo de fraudes" e instó "a que los inmigrantes sin papeles que denuncien estas injusticias se salven de la expulsión del país".

Por su parte, Alonso explicó que CC.OO. obtuvo una condena de estas tres personas por responsabilidad civil que se cerró con el pago de 6.000 euros a diez de estos marroquíes que denunciaron los hechos y añadió que, más tarde, fue el juez el que admitió a trámite esta causa por responsabilidad penal.

Douh agradeció el apoyo del sindicato en este asunto y relató su estancia en el citado chalet en el que llegaron a estar juntas hasta 60 personas.

Indicó que muchas de las veces les hacían regresar al chalet antes de las diez y media de la noche después de una jornada que podría alcanzar las diez horas.

Dijo que estuvo once meses en la empresa, pero reconoció que donde trabaja ahora tampoco cobra todo aquello que su convenio indica, aunque se siente feliz porque tiene una casa de la que "puede entrar y salir cuando quiera".

Por último, instó a todos los inmigrantes que estén pasando por situaciones como las que él vivió a que acudan a los sindicatos y denuncien estos abusos.