El Gobierno del Principado de Asturias cerrará la presenta legislatura sin lograr el objetivo que se han marcado las dos fuerzas políticas que lo apoyan, de poder presentar un proyecto legislativo para la reforma del vigente Estatuto de autonomía. La negativa del Partido Popular a participar en ese proceso hace prácticamente «imposible» esa meta, como ayer reconoció a EL COMERCIO el portavoz del grupo parlamentario socialista, Fernando Lastra. Lastra mostró, sin embargo, una relativa esperanza de que su partido pueda convencer aún a los populares de que la reforma estatutaria es un camino «para la unidad y no para marcar diferencias» entre los dos grandes partidos y de que puede reportar a los asturianos la incorporación de «mejoras objetivas» tanto en el ámbito de gestión de competencias como en el de reordenación institucional.

Estas impresiones no son compartidas por la dirección de los populares asturianos, que ha reiterado con insistencia en los últimos meses su negativa a «participar» en el proceso de reforma estatutaria en el Principado. Así lo ratificó ayer, una vez más, su presidente, Ovidio Sánchez, para quien está claro que la sociedad asturiana no reclama esos cambios. El líder regional del PP confirmó que sus diputados no van a incorporarse a la ponencia parlamentaria una vez que la Junta General asuma su papel y acometa el trabajo estrictamente legislativo de elaborar un proyecto para remitirlo a las Cortes Generales, una fase del proceso que, con los calendarios actuales, podría iniciarse el próximo otoño.

Otra cosa distinta será el debate político previo que se celebrará en el Parlamento asturiano sobre la base de la comunicación que el Gobierno de Vicente Álvarez Areces se ha comprometido a remitir a la Cámara en la segunda quincena del próximo mes de mayo. Ahí sí estará presente el grupo popular, que aprovechará ese marco para justificar su negativa a abordar la reforma del Estatuto asturiano y atacar frontalmente cómo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha enfocado el proceso general en el conjunto de las autonomías, especialmente en los casos catalán y andaluz.

Antes, el Ejecutivo asturiano tiene que recibir el dictamen que ha solicitado al Consejo Consultivo, que se encuentra prácticamente ultimado y que su presidente, Bernardo Fernández, deberá entregar la semana próxima a Álvarez Areces, después de haber logrado una ampliación de los plazos de trabajo. La fecha inicial de entrega era el pasado día 10 de abril. Este dictamen será la base sobre la que el equipo de Areces elaborará su comunicación a la Junta General.

La llave

Los socialistas son muy conscientes de que el PP tiene la llave de un proceso que exige el apoyo de tres quintas parte de la Junta General y, aunque su puesta en marcha sólo requiera legalmente el apoyo de una cuarta parte de los diputados, «para nada serviría dar forma a un proyecto legislativo que a la hora de su aprobación definitiva se quedaría en la cuneta», comentó su portavoz. Fernando Lastra añadió además que hay que tener en cuenta que cualquier texto tendría que ser aprobado con las garantías suficientes de que, una vez en el Congreso de los Diputados, no sería «retocado en aspectos sustanciales».

Lastra insistió en que su grupo no pierde la esperanza de que en los próximos meses puedan convencer a los populares asturianos de que los socialistas, como grupo mayoritario, han decidido acometer el proceso con un criterio político enfocado a satisfacer las necesidades reales que se le pueden plantear a Asturias y no «la reforma por la reforma».

No obstante, el portavoz del grupo socialista reconoció que el cierre de filas para rechazar la participación del PP en todos los procesos de reformas estatutarias -impuesto por el líder nacional, Mariano Rajoy, en la comida celebrada hace tres semanas con los 'barones' del partido- no va a facilitar ese objetivo.

En el lado contrario, los dirigentes populares asturianos no ocultan su satisfacción por esa consigna de Rajoy, que refuerza la postura que han defendido en todas sus declaraciones públicas desde que trascendieron los derroteros por los que iba a discurrir el Estatuto catalán.

Aunque ninguno se atreve con el «ya lo decíamos nosotros», admiten que, en este caso, los compañeros de otras autonomías habían dado pasos que ahora parecen contradictorios con la última 'doctrina' impuesta para todo el ámbito del partido. «Antes decían que nosotros no estábamos en sintonía con la posición más generalizada en el PP y ahora resulta que parece que eramos unos adelantados de la postura oficial», comentó un miembro de la dirección regional.

Lo cierto es que los populares asturianos están firmemente convencidos de que la reforma estatutaria «no toca ahora» y están dispuestos a hacer valer la fuerza de sus votos para paralizar cualquier proyecto en esta legislatura. Los socialistas son muy conscientes de este obstáculo, aunque advierten que, «si se empeñan en cerrar el paso a una reforma, habrá que poner de manifiesto ante los asturianos, quien son los que se oponen a los avances», advirtió Lastra.