Al margen del «desorden» que Zapatero ha introducido en el entramado institucional español con las reformas estatutarias, uno de los argumentos fundamentales utilizados por el PP para rechazar el proceso en Asturias es «la ausencia de competencias que asumir». Para sus dirigentes, el Principado tiene prácticamente transferidos todos los servicios fundamentales que puede gestionar. Y alguno que aún no tiene, como es el caso de la Justicia, ya está asumido en el vigente texto estatutario y está pendiente de que se cierre la negociación de su transferencia.

Para los populares, los únicos planteamientos que se pueden defender no son competenciales, sino políticos. «¿Pedimos una agencia tributaria propia, la coofilidad de la llingua o la policía autonómica? Para eso que no cuenten con nosotros», afirmó un miembro de la dirección regional.

Por contra, los socialistas, si bien admiten que el nivel de competencias no es lo más relevante, advierten de que no se puede hablar de que no haya campos importantes por incorporar, especialmente en lo que se refiere a las administraciones locales y la descentralización a las mismas. «El ordenamiento del reparto competencial es un aspecto que no se puede despreciar», aseguró un responsable del grupo parlamentario mayoritario.