«Lo único que ha sucedido es que los concejales tienen exactamente las mismas obligaciones que el resto de ciudadanos y, por tanto, si estacionan en un vado o en una carga y descarga, serán denunciados y deberán pagar una multa». Éstas fueron las explicaciones ofrecidas ayer por el suboficial jefe de la Policía Local, Héctor Barturen, en las que rechazaba cualquier tipo de acoso a la concejala Cristina Sopeña. Según apuntó, en la comisión de investigación abierta para analizar los hechos «se demostrará fácilmente, con datos objetivos, que ni existe ni ha existido acoso».

La concejala denunció la situación, a raíz de la multa impuesta a un agente del cuerpo municipal por un delito de lesiones contra su hijo en 2002. Con la copia de la sentencia en la mano, el jefe policial declaró que el «principal condenado por los hechos del 30 de marzo de 2002 fue el hijo de Sopeña». Recordó, como hechos probados en la sentencia, que el joven «golpeó en la cara y en el cuello a dos agentes libres de servicio, y propinó una patada y un puñetazo a otro uniformado que acudió, alertado por sus compañeros, al discobar del incidente». Este último agente fue quien lo detuvo, según Barturen, «golpeándolo con su defensa reglamentaria para reducirlo y detenerlo».

Por ello, «el detenido fue condenado a un año de prisión, multa e indemnizaciones a los tres agentes». Por parte de la Policía Local, se condenó al agente uniformado, «por un delito de lesiones, por exceso de fuerza, a una multa de 270 euros». Barturen apoyó la propuesta del alcalde de pagar las costas del juicio y la multa del policía, ya que dicha medida está recogida en el convenio del personal del Ayuntamiento.