DE las leyes con marcado carácter social aprobadas o en trámite de serlo durante esta legislatura, la llamada Ley de Dependencia, de la que ayer el Consejo de Ministros envió el proyecto al Congreso, es la que más interesa al conjunto de la sociedad y no sólo a sus destinatarios directos, por sus efectos de alivio en la vida social y familiar.

Hasta ahora, la elección por sucesivos gobiernos de otra escala de prioridades políticas y la magnitud del esfuerzo financiero han mantenido a España, en relación con los países europeos más desarrollados, en un estadio muy precario respecto a las ayudas a personas dependientes por enfermedad, por edad o por ambas causas. Se estima que entre 1,1 y 1,3 millones de españoles se encuentran en esas circunstancias, y sólo el 10,6% de quienes lo necesitan reciben alguna asistencia del sistema público.

La ley que ahora llega a debate parlamentario es una iniciativa ambiciosa y valiente para instaurar lo que sus inspiradores denominan el cuarto pilar del Estado de bienestar. Pero, ese objetivo necesita un gran componente de voluntad política además de los medios presupuestarios. Como ha dictaminado hace tres semanas el Consejo de Estado, debe establecer claramente los compromisos y competencias de las diferentes administraciones, so pena de que con el tiempo la Ley de Dependencia degenere en una declaración de buenas intenciones en vez de en el ejercicio efectivo de un derecho universal. Se trata de que Gobierno y administraciones autónomas acuerden con la formalidad y detalle precisos su intervención en la gestión de esos servicios. El proyecto contempla que la Administración central aporte 12.638 millones de euros hasta 2015 y las comunidades autónomas otro tanto, pero lo primero es un compromiso y lo segundo una previsión.

Las incertidumbres competenciales alcanzan al propósito de igualdad de un sistema nacional en todo el territorio coexistiendo con servicios específicos en cada comunidad. Pero, sobre todo, apuntan a la viabilidad económica de una ley que establece el copago de los servicios por los usuarios en función de su renta, sin concretar baremos o límites. Algo que, a su vez, abre la puerta a fórmulas de financiación privada, como los seguros de dependencia o las hipotecas inversas, que debe cuidarse que no se conviertan en prácticas abusivas sobre quienes están más indefensos.