El proceso de reforma del Estatuto de Autonomía del Principado dará la próxima semana un nuevo paso con la firma, por parte del Consejo Consultivo, del dictamen que al respecto le encargó el Gobierno regional sobre la base del informe que habían redactado varios grupos de expertos juristas, una suerte de 'comité de sabios' sin presencia de las fuerzas políticas. Han pasado dos años desde que el presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, anunciase su voluntad de modificar la primera de las leyes asturianas, pero el proceso aún no ha pasado del ámbito técnico-jurídico. Los partidos políticos con representación parlamentaria, que son los que deben aprobar el proyecto en la Junta General, aún no han tenido ocasión de debatir sobre sus posibles contenidos. Esto convierte a Asturias en un caso singular dentro de las comunidades autónomas que han puesto en marcha el proceso de reforma, ya que en ninguna otra se ha dejado para el final la opinión de los políticos y, desde luego, ningún órgano asesor similar al Consejo Consultivo dictamina sobre textos ajenos por completo a los posibles cambios estatutarios surgidos del debate de los partidos.