EL accidente del domingo pasado, en Lena, en el que murieron dos niños y dos monitores del grupo scout de la parroquia gijonesa de San Miguel de Pumarín, al volcar el autobús en el que retornaban de unas jornadas de convivencia en León, ha producido una gran conmoción en toda la sociedad asturiana, tanto por la temprana edad de los fallecidos como por los 29 heridos habidos en el suceso. El recuerdo de la tragedia ocurrida en un autobús escolar en Buelna, en el año 1998, con ocho muertos, ha ayudado a focalizar la atención de los asturianos sobre el accidente de Lena desde que llegaron las primeras informaciones sobre lo ocurrido. Si toda muerte en la carretera, por repentina e imprevista, produce consternación en el entorno de las víctimas, cuando se trata de un accidente en el que pierden la vida varios niños y jóvenes se vuelve especialmente difícil de asumir. El dolor de las familias y de los amigos de los fallecidos ha estado arropado por el luto oficial guardado en Gijón y la masiva presencia ciudadana en los actos fúnebres; el movimiento de solidaridad también se ha desarrollado con los heridos, alguno de ellos con secuelas que les acompañarán de por vida. En ese sentimiento de afecto y cercanía se inscribe el gesto de los Príncipes de Asturias, que se han desplazado a nuestra región para visitar en el Hospital Central a los heridos y dedicar unas palabras de consuelo a sus familias.

La tragedia del grupo scout de San Miguel de Pumarín lleva a preguntarse por la causa del accidente, sin que hasta la fecha haya podido delimitarse con certeza el desencadenante de la tragedia. Las circunstancias que rodearon al suceso, en plena operación retorno de la Semana Santa, una época del año en que se registra un movimiento de millones de coches por las carreteras españolas, ha colaborado a que se abriera un debate sobre la siniestralidad y las medidas que deben aplicarse para aminorarla. El hecho de que la pasada Semana Santa haya dejado un saldo de 108 muertos en las carreteras, tres más que en el mismo periodo del año anterior y cinco más que dos años antes, lleva a pensar que las campañas desarrolladas por la Dirección General de Tráfico, en estas fechas, resultan más eficaces para provocar una controversia sobre la dureza de sus mensajes que útiles para prevenir accidentes.

La problemática de la seguridad vial no se puede simplificar porque descansa sobre un modelo de sociedad en el que los coches son algo más que un elemento de transporte y la alta velocidad sobre el asfalto responde más a la frivolidad que a causas de extrema urgencia. En pocas actividades, realizadas diariamente por millones de personas, ocurre como con la circulación vial, que la exposición voluntaria a graves peligros viene encubierta por una artificial sensación de bienestar, derivada de ir más rápido o conducir de forma más desenfadada. La crítica que la sociedad ha sabido desarrollar sobre el tabaco, al hacer prevalecer los efectos negativos sobre la salud a los meramente lúdicos, todavía no se ha verificado con la forma de pilotar los coches. De ahí que el peaje a pagar en España sea el de diez muertos al día.

La red viaria condiciona la seguridad en los desplazamientos. En las autovías y autopistas sólo se produce el 17% de los accidentes mortales, lo que da idea de la importancia que tiene desdoblar vías que tienen una alta densidad de circulación. Lo mismo cabe decir del mantenimiento y la señalización de la red. No obstante, no cabe engañarse, la principal causa de los accidentes reside en el factor humano. La Dirección Provincial de Tráfico ha señalado que en el pasado año 2005, de los 68 accidentes mortales que hubo en Asturias, con un saldo de 78 muertes y 34 heridos graves, el 83% de ellos fueron debidos a distracciones de los conductores, excesos de velocidad, o a la ingesta de alcohol u otras drogas. A escala nacional, más del 85% de los siniestros son imputables a los conductores.

Esta conocida realidad ha llevado a una falsa polémica sobre si es más importante concienciar a los conductores del peligro potencial que supone ponerse al volante de un coche o si lo prioritario es endurecer el régimen de sanciones para los infractores. Una polémica falsa, porque llevando las cosas al límite, la represión también supone concienciación. Es evidente que desde los colegios debe darse una buena educación vial, así como tienen que reiterarse esos conceptos para la población adulta con campañas planificadas. Ahora bien, la represión por las infracciones, con sanciones pecuniarias y retiradas de carné, debe intensificarse. Ante algunas infracciones especialmente graves hay que considerar de forma más decidida las penas de privación de libertad, cuando estén en concordancia con el mal causado o potencialmente expuesto. Es de esperar que la entrada en vigor del carné con puntos ayude a atemperar las conductas antisociales que se dan al volante de un coche.

Hay otras medidas que se deben tomar. Hace falta una mayor presencia policial en las carreteras. Nada disuade más al infractor que sentir cercana la presencia de la Policía. Hay una palpable asimetría entre la constancia diaria de multitud de actuaciones incorrectas y la escasa persecución de esas conductas. Un contraste que se reproduce en la liberalidad con que se admite que cada año los coches que se fabrican sean más potentes, a la vez que se pone el acento en la seguridad de los nuevos prototipos. Otro aspecto a considerar es la concesión del carné de conducir, en el que junto a pruebas físicas y técnicas, quizás haya que introducir otras consideraciones, como el perfil psicológico de los aspirantes. También debe hacerse una política preventiva por estratos de edad, ya que el 53% de los fallecidos en accidente tienen menos de 34 años, mientras que sólo el 11% tiene más de 54 años. Reducir la siniestralidad en las carreteras es una exigencia inaplazable.