El Ejecutivo asturiano puntualiza, además, que el auto del TSJA atiende un recurso interpuesto por la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) contra la resolución de 3 de julio de 2003 de la Consejería de Hacienda por la que se aprobó el modelo de declaración de alta, modificación y baja en el impuesto de grandes establecimientos comerciales.

En consecuencia, y dado el contenido del auto, el marco jurídico regulador del impuesto no se ha modificado dado que no se suspende su aplicación y ya estaba pendiente de resolución por parte del Tribunal Constitucional, recuerda el Gobierno asturiano.

Insiste en que la resolución recurrida sigue en vigor porque "no se ha decretado su suspensión y queda pendiente de cómo resuelva el Tribunal Constitucional el recurso de inconstitucionalidad interpuesto el 28 de marzo de 2003 por el Gobierno presidido por José María Aznar", y que, por lo tanto, el auto del tribunal asturiano no altera la situación jurídica ya existente.

El TSJA ha dictado un auto en el que recurre ante el Tribunal Constitucional el impuesto sobre las grandes superficies implantado por el Gobierno del Principado en 2003.

La resolución judicial considera que la normativa autonómica infringe cuatro artículos de la Constitución relativos a la falta de competencia de la administración regional para establecer dicho tributo y a los principios de libertad de empresa.

Según la sala de lo contencioso-administrativo del TSJA, la implantación de este impuesto afecta también a los principios de igualdad en la contribución al sostenimiento de gasto público y de seguridad jurídica.

El auto advierte de la posibilidad de que dicho tributo vulnere la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas que autoriza a estas administraciones a establecer tributos para hechos imponibles "no gravados por el Estado" o en materias que no estén reservadas a los ayuntamientos para evitar "la doble imposición".

El Constitucional tiene pendiente resolver los recursos del Gobierno contra los impuestos sobre las grandes superficies creados en Cataluña y Navarra, aunque en la comunidad foral este tributo nunca llegó a recaudarse, según un portavoz de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED).

El Ejecutivo tiene planteado además otro recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Gobierno aragonés que creaba un nuevo tributo sobre el daño medioambiental causado por las grandes superficies comerciales.