Así lo explicó hoy el delegado especial de la Agencia Tributaria en el Principado, Arturo Tuero Fernández, que indicó que este año se esperan 465.446 declaraciones, lo que supone 14.367 declarantes más que en el año anterior.

Por forma de declaración, se estima que el 68 por ciento sean individuales y 32 por ciento, conjuntas.

El plazo para presentar las declaraciones del Impuesto de la Renta y el Impuesto sobre el Patrimonio comienza el 2 de mayo y finaliza el 30 de junio.

La cuota diferencial neta en esta campaña -la diferencia entre los ingresos y las devoluciones- si situará aproximadamente en una cifra negativa de 135,440 millones de euros.

El delegado de la Agencia Tributaria presentó, además, las novedades de la Campaña de Renta 2005 como la agilización de las devoluciones, la identificación de inmuebles, un mayor control en el sector inmobiliario y un servicio de alertas al móvil.

Entre las novedades normativas del IRPF se encuentran la deflactación de la tarifa en un 2 por ciento, reducciones en el sistema de estimación objetiva para paliar el efecto de la subida del gasóleo y nuevas deducciones por donativos.

Por su parte, el consejero de Economía y Administración Pública, Jaime Rabanal, explicó que las deducciones autonómicas en el conjunto del país beneficiaron en 2003 al 3,10 por ciento de los contribuyentes que declararon; mientras que en el Principado esas deducciones superaron esa media, ya que afectaron al 3,63 por ciento de los asturianos que hicieron la declaración.

El consejero subrayó que ello es reflejo del objetivo del Gobierno regional de mantener el poder adquisitivo de los habitantes de la región y de llevar a cabo una política fiscal con beneficio a las rentas bajas compatible con una política de suficiencia financiera.

Añadió que se espera que a finales de junio se haya llevado a cabo el 80 por ciento de las devoluciones en Asturias y que a finales de año esté completado el proceso.

Asimismo, valoró el aumento del número de declarantes, que consideró una muestra de la política antifraude puesta en marcha por el Principado y que tiene que ver "fundamentalmente con la ampliación del mercado de trabajo" en la región