HA utilizado el Gobierno el nombramiento de José Antonio Alonso como nuevo ministro de Defensa para afrontar sendos relevos de carácter trascendental en la cúpula del Ejército y de la Guardia Civil, intentando minimizar así el error de haber lastrado durante los primeros años de legislatura la gestión de estos cuerpos con ambos nombramientos, especialmente en lo que se refiere a la Benemérita. El general Gómez Arruche, director de la Guardia Civil, será sustituido por un civil, confirmando el fracaso que supuso volver a colocar militares al frente de esta institución.

En el caso del jefe del Estado Mayor del Ejército, José Antonio García González, el Gobierno pretende cerrar el círculo abierto por el general José Mena en la pasada Pascua Militar, cuando unas palabras suyas en relación con el Estatuto de Cataluña revivieron los viejos fantasmas de la intromisión militar en la vida política. El teniente general, Carlos Villar Turrau, que releva al anterior Jeme a sólo dos años de su nombramiento, ha sido elegido por el Gobierno porque -a decir de la vicepresidenta- encaja mejor con la orientación internacional que el Gobierno quiere dar a Defensa. Pero no cabe duda de que el Ejecutivo se había sentido incómodo con el general José Antonio García desde que sugirió que las Fuerzas Armadas tendrían que intervenir si algún Estatuto sobrepasase los límites de la Constitución.

La elección de Joan Mesquida, en lugar del general Gómez Arruche, quien sale del cargo sin haber promovido reforma alguna en el instituto armado y tras su lamentable papel en el 'caso Roquetas', supone la confirmación de que la Guardia Civil necesita un gestor para reordenar sus filas. Mesquida, un técnico de 44 años del equipo de Bono, que fue consejero de Hacienda y padre de la 'ecotasa' en Baleares, restituye la normalidad en la cúpula civil de un cuerpo que necesita reformas profundas y delicadas que, sin modificar su carácter militar -una garantía de solvencia y rigor muy apreciada por la opinión pública- le permitan adaptarse a los tiempos actuales incluso en cuestiones disciplinarias. Tiene también por delante el reto de ofrecer a sus miembros niveles de satisfacción profesional y salarial semejantes a los demás cuerpos de seguridad estatales y autonómicos, con lo que cesarían los agravios comparativos que sitúan hoy a la Guardia Civil en una situación crispada e insostenible.