LOS tres partidos parlamentarios (PSOE, PP e IU) contemplan la reforma del Estatuto de Autonomía de Asturias con distintos ritmos. El secretario general de la FSA, Javier Fernández, señaló, en el pasado invierno, que para su partido la reforma del Estatuto es un objetivo a realizar en la presente legislatura; Ovidio Sánchez, presidente regional del PP, ha renovado recientemente su negativa a entrar en la negociación de la reforma, de manera que el grupo parlamentario del PP no participará, presumiblemente, en la ponencia que se constituya para elaborar el nuevo texto. Por su parte, Jesús Iglesias, coordinador general de IU, ha manifestado esta semana, en el curso de una entrevista en Canal 10, sus dudas sobre la conveniencia de que el Gobierno regional envíe una comunicación política a la Junta General del Principado para iniciar el debate, ya que la negativa del PP convierte en vano el intento al no contar con el respaldo de las tres quintas partes de la Cámara.

El mandato del presidente Zapatero ha abierto la puerta de las reformas institucionales, entre las que se encuentran los estatutos de autonomía. La resuelta voluntad de algunos parlamentos autonómicos de encarar la revisión de sus estatutos hizo que operara el efecto dominó, y la mayor parte de las comunidades autónomas ha mostrado su disposición a sumarse al proceso que cuenta con el apoyo del Gobierno central. Esta revisión de las normas autonómicas se realiza en unas circunstancias distintas a las del pasado, porque el antagonismo entre el PSOE y el PP, a escala estatal, tiene en la configuración del modelo territorial un elemento de referencia. Sobre esta realidad ha actuado negativamente el proceso de negociación y tramitación parlamentaria del Estatuto de Autonomía de Cataluña, al convertirse en un tema central de la agenda política española, ya que los grupos que impulsaron el 'Estatut' son los aliados de Zapatero en el Congreso de los Diputados. El fuerte sentimiento de identidad catalanista que impregna el texto del 'Estatut', ayuno en referencias a la nación española, y ciertas hechuras de texto constitucional, con declaración de derechos incluida, ha añadido inquietud a la operación de reformas estatutarias.

La polémica levantada por el 'Estatut' ha desenfocado la realidad de las reformas autonómicas, ocultando el hecho de que otras regiones han hecho avances sustanciales en la renovación de sus normas internas, como es el caso de la Comunidad Valenciana, que fue la primera región en tramitarla. Ante este panorama diverso, la dirección nacional del PP ha tomado una decisión que tiene repercusiones para Asturias, al diferir los procesos de reforma hasta que este partido tenga perfilado un modelo estatutario de referencia para todos los territorios. No obstante, esa centralización de la estrategia autonómica, que pretende la dirección de Mariano Rajoy, contempla en la práctica diversas excepciones, como se puede ver en Castilla y León, o en Baleares, donde los gobiernos regionales presididos por el PP siguen con sus procesos de reforma. En nuestra región, la postura marcada por Ovidio Sánchez, de aplazar la discusión estatutaria, se ve respaldada por la estrategia nacional del PP.

En Asturias, los pasos que conducen a la reforma del Estatuto se han hecho con gran lentitud, porque los socialistas temían que surgiera una crisis en el Gobierno de coalición de la izquierda, ya que IU pretende la consecución de un Estatuto de máximos, potenciando los rasgos identitarios. El PSOE ha esperado al tramo final de la legislatura para impulsar decididamente el proceso, cuando las divergencias con IU no pueden empañar el resultado del mandato. Sin embargo, las posibilidades de llevar a buen puerto la reforma del Estatuto de Autonomía son ahora muy escasas, porque el PP ha pasado de una postura favorable a la reforma, hace un par de años, a una negativa sin ambages.

Los tres partidos deberían hacer una reflexión sincera, que tuviera como norte los intereses regionales, sin estar sesgada por razones de partido. En el actual contexto, renunciar a reformar el Estatuto supone, de puertas para fuera, dar a entender que valoramos escasamente el estatus autonómico. Los defensores del federalismo asimétrico y los que abogan por la creación de dos formatos diferenciados de comunidades autónomas encontrarían en el desistimiento asturiano el aval que necesitan para sus tesis. En un periodo en el que otras regiones se afanan por ampliar sus competencias, Asturias optaría por un autogobierno de perfil más modesto. El tránsito de dos décadas en pos de la igualación de competencias, vivido por las comunidades que accedieron a la autonomía por la vía lenta del artículo 143 de la Constitución, como es el caso de Asturias, daría paso a una nueva desigualdad con otros territorios que aprovechan la oportunidad abierta por el presidente Zapatero. El Estatuto de Autonomía de Asturias se debe reformar porque es perfectible, no sólo en aspectos institucionales o competenciales, sino en lo tocante a la ordenación del territorio, que es uno de los problemas con los que se encuentra la gestión política en Asturias.

El proceso de reforma debería desarrollarse con el compromiso de no añadir más problemas a los que ya tenemos. Se trata de buscar soluciones, no de buscar temas para la controversia. Esa reforma debería partir de un consenso entre las fuerzas políticas, que implicara al PP desde el principio, no sólo porque matemáticamente es imposible reformar nada sin su concurso, sino por una cuestión de principios: la sociedad asturiana no se sentiría reflejada en ningún texto estatutario, por acertado que fuera, si no está avalado por la firma del PP.