Según el consejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, Francisco Javier García Valledor, Asturias se convertirá en la primera comunidad autónoma -excepto País Vasco y Navarra, que cuentan con un régimen de financiación especial- que asume por ley el compromiso de destinar el 0,7 por ciento a ayuda internacional, porcentaje de referencia que hace años estableció Naciones Unidas.

El Gobierno del Principado dedicó en 2005 a cooperación al desarrollo el 0,60 por ciento de los recursos propios, porcentaje que este año se incrementará hasta el 0,66 por ciento, que suponen 11,3 millones de euros, mientras que en 2007 se alcanzará ya el 0,7 por ciento y se superarán los 12 millones de euros.

García Valledor señaló que esta normativa responde a una demanda "enormemente sentida" por las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y a la firme voluntad del Gobierno "de seguir impulsando valores como la solidaridad y la tolerancia".

A su juicio, el "liderazgo" que Asturias ha alcanzado en los últimos años en materia de cooperación al desarrollo es la expresión de la convicción del Ejecutivo sobre la responsabilidad colectiva internacional "ante las situaciones de empobrecimiento e injusticia en la que viven gran parte de los pueblos del mundo".

La Ley establece la "arquitectura" del modelo de cooperación asturiana y articula en un solo texto los elementos que constituyen las políticas desarrolladas en esta materia, según Valledor, que incidió además en que se estructura atendiendo "a la necesidad de la asunción, defensa y promoción de los derechos humanos".

Asimismo subrayó que prevé desarrollar un modelo de cooperación "comprometido en la superación de las causas estructurales de la pobreza" y que pretende poner en marcha iniciativas realizadas desde presupuestos "éticos" y con carácter "no interesado".

La diputada del PP Inmaculada González agradeció la voluntad de consenso mostrada por los diputados del PSOE e IU, que aceptaron algunas de las veintidós enmiendas presentadas por los populares, que reservaron para su debate en el pleno ocho de sus propuestas, rechazadas con los votos de los grupos que sustentan al Gobierno.

La Agencia de Cooperación, en entredicho
Entre las enmiendas figuraba modificar el artículo de la Ley por que se crea la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, un organismo que, según la parlamentaria popular, "no responde a una necesidad real de la sociedad ni a un problema de organización en el seno del Gobierno".

A su juicio, la inclusión en la Ley de una mención explícita a la Agencia pretende "mantener el equilibrio" entre el PSOE, IU y el Bloque por Asturias, la tercera fuerza política que forma parte del Ejecutivo "y preservar cada uno su parcela de poder y mediática".

El pleno rechazó también otra la enmienda del PP que planteaba destinar a políticas de cooperación el 0,7 por ciento del PIB regional, una propuesta que no era "meditada, sensata ni razonable", según el diputado del PSOE Benjamín Gutiérrez, dado que supondría destinar a este fin 137 millones de euros al año, una cifra superior a la que el Gobierno destina a la Universidad de Oviedo.

Finalmente, el PP votó en contra de ocho de los veinticinco artículos de la Ley y respaldó el resto, lo que llevó al consejero a lamentar que los populares hubieran optado por no querer incorporarse al consenso "sin argumentos" y a autoexcluirse de una norma que debe ser "del conjunto de la sociedad asturiana".