El alcalde de Siero, Juan José Corrales, y cinco concejales del equipo de gobierno recibieron ayer la citación judicial como imputados por el derribo en marzo de 2005 de parte de los edificios del antiguo pozo minero de Solvay, en la parroquia de Lieres. Ese procesamiento llega a petición de la Fiscalía.

Los ediles imputados son los socialistas Eva Sánchez, Juan José Corriols, Mari Luz Quince y Octavio Serrano, y el portavoz de Conceyu, Rafael Rodríguez. Todos ellos firmaron la resolución de derribo en la junta municipal de gobierno de fecha 11 de marzo. Asimismo, la concejala delegada de Urbanismo de Izquierda Unida, Marta Pulgar (quien se abstuvo en la votación) y el portavoz del Partido Popular, José Antonio Noval (que votó en contra de la resolución) serán citados a declarar en calidad de testigos.

Todos los imputados declararán de forma individualizada en el Juzgado de Instrucción número 3 de Pola de Siero entre los días 19 de mayo y el 9 de junio, jornada en la que comparecerá el alcalde.

La Unión Vecinal de Lieres denunció el derribo ante los tribunales por no haber realizado con carácter previo un plan especial, tal y como establecían las resoluciones de la Consejería de Cultura. A raíz de esa denuncia de la asociación de vecinos, el juez solicitó un informe a la fiscalía, que propuso imputar a estos seis políticos, a lo que accedió el juez.

La decisión judicial trascendió en el mes de marzo, pero los imputados no fueron notificados hasta la mañana de ayer. Aparte de los habituales retrasos administrativos, también pudo contribuir el cambio de titular en el Juzgado número 3 de la localidad.

Al día siguiente de que saliera a la luz el procesamiento del alcalde y los cinco ediles, los ocho miembro del grupo socialista protagonizaron una rueda de prensa calificando como «radicalmente falsas» esas imputaciones. El alcalde llegó a decir que se había desplazado aquella misma mañana voluntariamente al Juzgado de la Pola para verificar que no había nada al respecto. Incluso habló de «insolente filtración». Dos días más tarde, anunció que había decidido personarse en la causa.

«Nada que esconder»

Tras recibir ayer la notificación, Corrales declaró: «No tengo nada que esconder y la tranquilidad es total, porque fue una resolución reglada, emitida por un órgano colegiado como es la junta de gobierno, y siguiendo los informes técnicos y jurídicos favorables».

A juicio del mandatario, «lo que hubiese sido delictivo sería haber votado en contra de esos informes de los técnicos municipales». Y recordó que la concesión del permiso de derribo de los edificios «estaba condicionada al cumplimiento de unas prescripciones legales».