El alcalde de Siero, Juan José Corrales, y los cinco ediles imputados han decidido ponerse en manos de un reputado profesional con gran experiencia en el derecho penal como es el abogado José Carlos Botas, para que les defienda en este procedimiento.

Los afectados han llegado incluso a un acuerdo en cuanto al pago de este letrado. Si resultan absueltos, los honorarios del abogado correrán a cargo del Ayuntamiento de Siero. Y en el caso de que se produzca una sentencia condenatoria, lo pagarían ellos de su bolsillo. Corrales comentó que esta decisión es una prueba más del convencimiento de que son inocentes.

A juicio del mandatario, «estamos ante una demanda política que lo único que pretende es erosionar y hacer daño al equipo de gobierno, pero está llamada a fracasar». Corrales insistió en restar importancia a la imputación. «Es un procedimiento normal con unas diligencias previas que solicita el fiscal y no se nos imputa ningún delito», señaló.

Tras la declaración en el juzgado de estos seis representantes políticos del Ayuntamiento de Siero parece bastante probable que también sean llamados a declarar los técnicos que suscribieron los informes y hasta la empresa Hunosa, como propietaria de los terrenos de Solvay. Aquella polémica sesión de marzo de 2005 provocó también la expulsión del portavoz del PP de la junta de gobierno.