Los miembros de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales de Transporte por Carretera (Conetrans) advirtieron ayer que se encuentran en «situación de alerta» ante posibles subidas de los carburantes que repercutan en su actividad. Recordaron que el último acuerdo suscrito con la Administración -el 18 de octubre de 2005- abarcaba más allá de 2007 y recogía el compromiso de que pasados los dos primeros años se examinaría la situación y la evolución del gasóleo profesional con la intención de adoptar nuevas reformas. No obstante, mantienen que, según sean los incrementos, el peligro y los riesgos para los empresarios podrían precipitarse.

En consecuencia, reclamarán al Gobierno la «agilización del cumplimiento de los cambios suscritos», sin descartar que sea necesaria la renegociación de alguno de los capítulos de este pacto, según explicó el presidente de la asociación, el asturiano Ovidio de la Roza. Sus declaraciones tuvieron lugar después de la celebración, ayer, de la asamblea general ordinaria. «Hemos analizado detenidamente la situación y la problemática de los carburantes. Desgraciadamente se están cumpliendo las perspectivas más pesimistas que hace meses preveíamos», lamentó.

«Por lo tanto, permanecemos expectantes», dijo, y resaltó que «la subida continuada del gasóleo representa para el sector un problema muy serio, que afecta a un millón de trabajadores de forma directa en el conjunto del territorio español e incluye a unas 200.000 empresas de transporte de viajeros y de mercancías».

'Céntimo sanitario'

En resumen, el acuerdo suscrito en octubre de 2005 entre la Administración y los transportistas afectó a varios ministerios (Fomento, Trabajo, Interior, y Economía y Hacienda) y supuso el inicio de una reforma estructural del sector. Entre las medidas pactadas, figuraba la de habilitar un sistema para que estos empresarios no pagarán el denominado 'céntimo sanitario' en 2006 y 2007.

La aplicación de los cambios adoptados no era inmediata. Había iniciativas muy complejas, específicas del colectivo de camioneros que era preciso desarrollar antes de su entrada en vigor. Es decir, fue un acuerdo que implicó la apertura de otras mesas de negociación. Para el seguimiento de las medidas aceptadas se creó una comisión encargada de revisar periódicamente la aplicación de los convenios.