Las comunidades autónomas que tengan más necesidad o carencias en materia de infraestructuras o equipamientos, como es el caso del Principado de Asturias, podrán incurrir en un déficit presupuestario mayor que el resto. Esta es una de las últimas modificaciones incluidas en la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria -a iniciativa de CiU-, que el jueves próximo pasará su último trámite parlamentario, si bien la norma no entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2007. Otro de los cambios incluidos tras las conversaciones entre el PSOE y sus socios parlamentarios es que cada administración regional podrá negociar de forma bilateral con el Gobierno cuál ha de ser su objetivo presupuestario.

El Gobierno asturiano acoge con satisfacción esta reforma legal, que «es bienvenida, en cuanto revisa el dogmatismo con que se había promulgado el principio del 'déficit cero' y le da una visión más flexible y acorde con los diferentes ciclos económicos», según explicaron a EL COMERCIO fuentes de la Consejería de Economía y Administración Pública del Principado. Sin embargo, eso no quiere decir que el Ejecutivo regional contemple, por el momento, la posibilidad de acudir al déficit, en ninguna de las diferentes formas que va a permitir el nuevo texto legal.

Así, la política seguida en los últimos años por el consejero, Jaime Rabanal, es la de buscar el equilibrio presupuestario, que es también el objetivo para el cierre presupuestario del presente ejercicio. Y aunque eso no es vinculante con respecto a lo que pueda pasar con las cuentas de 2007, las citadas fuentes recuerdan que «en la ley se mantiene la obligación de guardar equilibrio entre ingresos y gastos», si bien se podrá permitir el déficit a aquellas administraciones públicas que tuviesen que acudir al mismo en las circunstancias previstas por la norma.

Más poder autonómico

El PSOE, reacio en principio a ceder más poder a los gobiernos autonómicos, aceptó a última hora en el Senado una enmienda del PNV, según la cual les corresponde a aquéllos «desarrollar y ejecutar» los «diferentes principios y directrices generales» que habrá de establecer la ley. Los socialistas consideran esta precisión «coherente», de manera que han aceptado dar ese mayor margen de maniobra a las comunidades, si bien en el desarrollo reglamentario de la norma «se establecerán excepciones» cuando las administraciones territoriales «no garanticen la norma básica».

Resulta llamativo que los socialistas hayan aceptado algunos de los cambios propuestos por sus nuevos aliados parlamentarios (CiU y PNV) y, por el contrario, haya rechazado aquellos que pretendía en la Cámara Alta el bloque de izquierdas de la Entessa (que integran los mismos grupos que el tripartito catalán: PSC, ICV y ERC). Las propuestas desestimadas pretendían dar más peso al sector local en la negociación presupuestaria, pero también sustituir el papel del Consejo de Ministros por el del Parlamento, de manera que fuera éste y no el Gobierno el que fijara las tasas de variación del producto interior bruto (PIB) «nacional real» que obligan a tener superávit o permiten un cierto déficit.

Por el contrario, entre las modificaciones que sí han prosperado figura una que permitirá a cada comunidad negociar aparte con el Gobierno cuál deberá ser su meta presupuestaria particular, al margen de la opinión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Así, este órgano multiterritorial sólo tendrá capacidad para aprobar el objetivo de estabilidad general, en el que después el Ejecutivo tratará de 'encajar' los pactos que alcance una a una con las autonomías.

En esta negociación, además del «esfuerzo fiscal» territorial, se tendrá en cuenta su situación económica, el nivel de competencias asumido, el nivel de endeudamiento, así como las necesidades y el déficit de infraestructuras o equipamientos que se estimen sean precisos.

Conceptos «dudosos»

La reforma de la vigente Ley de Estabilidad Presupuestaria cuenta con el apoyo de todos los grupos parlamentarios salvo el PP. Sus dirigentes creen que la nueva norma permitirá «un mayor relajamiento financiero», entre otras cosas porque ya no se habla de «equilibrio» en las cuentas públicas, sino de «estabilidad» en el «ciclo económico» (los años 'buenos' tendría que haber un saldo positivo, y los 'malos' se permitiría un cierto margen negativo), lo que -en su opinión- «resulta más ambiguo y da pie a cualquier interpretación». Lo mismo piensan de esos «ciclos», porque -advierten- «nadie ha definido exactamente lo que son ni lo que duran, y siempre resulta aleatorio, por lo que en una década mala se podría dejar la economía gravemente hipotecada para el futuro».

En cualquier caso, con las previsiones actuales que maneja la Administración, las comunidades incumplirán la nueva normativa en su primer año de vida (funcionará ya en 2007, pero se aplicará a los presupuestos del ejercicio siguiente), salvo que la economía española crezca menos de lo que espera el Gobierno (3,1%), lo cual dependerá mucho de la evolución del petróleo y de la inflación. A día de hoy, ninguna autonomía espera tener superávit en 2008 -el Estado, por el contrario, sí-, pese a que la futura ley les obligará a hacerlo si el PIB crece, al menos, un 3%. Por debajo de la tasa del 2%, sin embargo, todas podrían incurrir en un cierto déficit.