EL impacto emocional que ha provocado en la opinión pública la muerte, presuntamente deseada y provocada, de un enfermo tetrapléjico en Valladolid, ha vuelto a colocar en primer plano la voz de algunos sectores de la sociedad española que reclaman una regulación inmediata de la llamada eutanasia activa. Pero la legislación de algo tan delicado como eso no puede hacerse de una manera atropellada, sobre todo no sin antes abrir un amplio debate social.

Este es uno de los asuntos en los que los poderes del Estado -Ejecutivo y Legislativo- deben proceder con máxima precaución, al tratarse de un tema que afecta al derecho a la vida o, desde otra perspectiva, a algo tan discutible como el derecho a elegir no seguir viviendo en determinadas y dramáticas circunstancias. Pero, igualmente, no se puede ignorar que en casos excepcionales la enfermedad conduce a las personas a una atrofia de funciones vitales que las condena -y esa es la palabra exacta- a un doloroso e inhumano camino hacia la muerte. Los médicos y otros profesionales sanitarios, sobre quienes recae casi exclusivamente la responsabilidad ante estas situaciones límite, no pueden obrar del mismo modo ante casos específicos para tratamiento de cuidados paliativos que ante otros como el del vallisoletano Jorge León y el gallego Ramón Sampedro. La eutanasia, con todo, no se puede abordar como un remedio para un problema. Antes hay que agotar todas las vías de ayuda, sociales, médicas y sicológicas, a los posibles pacientes antes de plantearse algún tipo de regulación de la ayuda a bien morir. Por ahora, sólo dos países europeos (Bélgica y Holanda) y un estado americano (Oregón) han regulado con detalle la actuación médica para circunstancias excepcionales.

Socialmente es incuestionable que no hay una necesidad imperiosa de autorizar la eutanasia, es decir, de modificar el artículo 143 del Código Penal, que penaliza la cooperación al suicidio, pero sí hay una inquietud, que aflora periódicamente en la opinión pública. Y puede haber llegado el momento de cumplir lo previsto en el programa electoral del PSOE: constituir en el Congreso una comisión de estudio y debate sobre esta cuestión. Sin demago-gia, y con testimonios solventes de médicos, juristas, sociólogos y, ¿por qué no?, de la propia Iglesia. Aportaciones que serán de indudable valor para iluminar al legislador e ilustrar a la población en el rigor de un debate abierto.