EN Asturias, el 'caso Sopeña' aviva el debate público, con los socialistas dispuestos a tirar de la manta. El portavoz municipal del PSOE, Jorge Fernández Bustillo, ha afirmado que en el registro de intereses del Ayuntamiento de Oviedo no consta que el concejal y senador del PP se dedique a otra actividad distinta de la política. Los socialistas han tardado 24 horas en pronunciar la palabra decisiva: Marbella. A partir de ahí cualquier referencia a la compra o venta de terrenos adquiere perfiles inquietantes. En el caso de que la Fiscalía no encuentre nada delictivo en las grabaciones que le ha entregado la FSA, los socialistas seguirán sin cambiar de argumento, hasta que la crítica a Sopeña afecte a Gabino de Lorenzo.

En Madrid la sentencia condenatoria de los policías del 'caso Bono' ha servido para que el PP pida la dimisión del entonces ministro del Interior y actual ministro de Defensa, José Antonio Alonso. El Gobierno forzó la dimisión de su delegado en la capital con la idea de construir un cortafuegos, pero en Madrid los verdaderos delegados del Gobierno son los ministros, así que Zaplana quiere la cabeza de Alonso. El PP no va a soltar la presa y estudia la solicitud de una comisión de investigación parlamentaria; de momento, en la Comisión de Defensa, el portavoz del PP, López-Amor, utilizó el debate sobre el envío de más tropas a Afganistán para lanzar una diatriba contra Alonso y pedir su dimisión. En política siempre se aprovecha que el Pisuerga pasa por Valladolid.

Cuando las relaciones entre los partidos son malas, como las del PSOE y del PP, la vía judicial se convierte en un atajo para ganar al rival. Si hay un mínimo de objetividad, lo más preocupante del 'caso Bono' no es la actuación irregular o delictiva de los policías condenados, sino esa foto en que se ve al ex ministro de Defensa descamisado, en medio de la multitud, mientras un energúmeno blande en alto una barra o un palo con intención de abrirle la cabeza. Cuando media España disculpa o jalea a un tipo así, por el simple hecho de que el ministro amenazado tenga una determinada ideología, es que la convivencia colectiva está más degradada de lo que creemos. La competencia política es legítima hasta que llega a la frontera del odio.