EL conocimiento de la existencia de una cinta grabada en la que se aludía al cobro de 19 millones de pesetas en dinero negro, en concepto de comisiones, por intermediar en la compra-venta de una finca en el occidente asturiano, ha impactado a la opinión pública al aparecer presuntamente implicado en la grabación el nombre de Javier Sopeña, senador y concejal del Ayuntamiento de Oviedo. El asunto adquirió relevancia por la entidad de los intervinientes en la escena, ya que la cinta fue depositada en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) por la dirección regional del Partido Socialista, y posteriormente se filtró a los medios que el presunto comprador del predio era el presidente de la patronal de la construcción, antiguo amigo de Sopeña desde los tiempos en que ambos militaron en el CDS. La grabación fue realizada por el intermediario Regino Canteli, que al ver frustrada la remuneración por su intermediación, decidió poner el documento sonoro en manos de los socialistas.

A este hecho se han sumado, posteriormente, nuevas revelaciones, al conocerse la existencia de una segunda cinta, grabada -presumiblemente por el mismo personaje-, en esta ocasión, al alcalde socialista de Laviana, Marciano Barreñada, y al secretario de organización de la FSA, Jesús Gutiérrez. En este segundo soporte se daría cuenta de las condiciones que solicitaba Regino Canteli a los socialistas para dar prueba de sus gestiones con Sopeña, que consistían en introducir algunas pequeñas mejoras en una finca suya en Laviana. El intento fallido de cobrar una comisión, en Navia, y la negativa a recibir un trato preferente, en Laviana, fueron, al parecer, las razones que llevaron a Regino Canteli a publicitar sus clandestinas grabaciones.

Una situación tan enmarañada se ha complicado con las estruendosas declaraciones de Agustín Iglesias Caunedo, concejal oventense, al solicitar la dimisión de dirigentes socialistas por haber organizado «una trama mafiosa» contra Sopeña, que fueron luego respaldadas en una rueda de prensa por Reinerio Álvarez Saavedra, secretario general del PP, al decir que la sede de la FSA se había convertido «en la cueva de Alí-Babá». Nunca un alto dirigente de un partido asturiano había hecho una descalificación tan radical de la dirección de un partido rival.

Antes de que se haga más densa la escena conviene hacer algunas precisiones. La grabación no autorizada de conversaciones particulares para darles luego publicidad es una conducta abyecta, que de extenderse arrojaría sombras sobre toda la vida pública porque se difundirían las más variadas opiniones que fueron emitidas para interlocutores concretos. Políticos o empresarios tendrían que realizar su labor entre mil cautelas, porque cualquier conversación entresacada de contexto podría arruinar su reputación. Esta consideración es independiente del valor probatorio que pudiera tener una grabación en un procedimiento judicial si alude a un hecho delictivo o irregular.

El trabajo de intermediación en la compra-venta de bienes inmuebles es una actividad mercantil regulada, y como tal, sujeta a remuneración. No hace falta añadir que la contraprestación económica, como en cualquier actividad, debe hacerse de una forma transparente para la Hacienda Pública. El senador Sopeña dice que se limitó a aconsejar a un amigo, lo que diferenciaría su proceder de lo que es una gestión profesional. Ahora bien, lo que no encajaría sería esa ayuda amistosa con la presunta pretensión de cobrar una comisión por la compra-venta de la finca. Ese es el punto clave en el que difieren las versiones de unos y otros. Un senador puede dar su parecer a unos amigos sobre una concreta operación de inversión en inmuebles, o puede poner en contacto a vendedores y compradores, pero no sería de recibo que de ahí se derivase una ganancia económica a sumar a las retribuciones que percibe por su representación institucional. Y lo que sería aún más inconcebible es que la participación directa o indirecta en negocios inmobiliarios se realizase en un territorio sobre el que ha obtenido un mandato popular de representación. Reconforta saber que este enmarañado asunto está en las mejores manos, ya que las grabaciones obran en poder de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que cuenta con el auxilio de la Policía para identificar las voces que aparecen en las cintas, y posteriormente poder establecer o desestimar responsabilidades.

Más allá de la peripecia de estas grabaciones, estamos ante un pésimo inicio de la precampaña electoral. La tensión manifiesta entre el PSOE y el PP podría llevar a trasladar la lucha política a sede judicial, con lo que se desvirtuaría el debate público, al intentar imponerse a los rivales por la vía de las descalificaciones judiciales. Hay que evitar, a toda costa, caer en el juego de los dossieres y las delaciones, que extendería la sombra de la sospecha por doquier. La intensa actividad de obra pública y el vigor de la construcción privada pudiera parecer que crea un ambiente idóneo para implicar a políticos en el lucro inherente a estas actuaciones, pero sin negar que puedan darse -por desgracia- casos concretos que lo confirmen, hay que decir muy alto que nada permite pensar que se pueda extrapolar a Asturias el maridaje político-inmobiliario de Marbella. Al contrario, un capital oculto que tenemos tras más de 25 años de democracia es que nuestros ex presidentes autonómicos han vuelto a desempeñar las mismas actividades que hacían antes de dedicarse a la política, poniéndose al frente de discretos bufetes, retornando a la labor funcionarial, o impartiendo enseñanza en la Asturias rural. En general, los cargos institucionales asturianos no traslucen en su vida los rasgos de enriquecimiento propios de la cultura del pelotazo que se dio en otros territorios.