«Los problemas son los mismos que antes, aquí no reacciona nadie y lo único que hemos conseguido es una marginación total». Este es el sentir de los vecinos de El Machón, en Trubia, que llevan más de medio siglo conviviendo con Industrias Doy. Hace tres años, la planta de cok reanudó su actividad, tras un parón de dos. Desde entonces, los niveles de contaminación medioambiental y los ruidos han provocado un continuo enfrentamiento entre los afectados y la empresa, incapaces de llegar a una solución. «Es la lucha de un enano contra un gigante, pero seguiremos luchando, no nos vamos a entregar», advierte el vicepresidente del colectivo vecinal, Luciano Álvarez.

Los ruidos, la suciedad, el polvo y los olores son algunas de las molestias que ocasionan las fábricas de fundición o destilación cercanas a los municipios. En Oviedo existen dos casos históricos que han llegado a los tribunales: la asociación vecinal El Machón contra Industrias Doy y la plataforma medioambiental de San Claudio contra Indasa, la empresa de fundición de chatarra de aluminio.

El choque entre el bienestar de los vecinos y las labores de la empresa ha provocado pequeñas batallas, ganadas por unos y otros. «A veces el problema ya no es cerrar una empresa o que tome tales medidas, es que las administraciones temen que el efecto dominó las obligue a cerrar luego otras», explica uno de los representantes de la plataforma de San Claudio, Jorge García.

El Machón se constituyó en 2003, justo después de que Industrias Doy retomase su labor de producción. Tras algún que otro rifirrafe por la concesión de la licencia, «el Ayuntamiento se la dio, aunque la condicionó a la realización de ciertas medidas correctoras que no se llevaron a efecto», recuerda el vicepresidente vecinal. Ante esta situación, lo máximo que consiguieron fue el cierre de cuatro tolvas en setiembre de 2005 y una querella criminal de la empresa contra los vecinos por un delito de injurias al denunciar agresiones.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo absolvió a los tres acusados, el presidente de la asociación Manuel Abella; el vicepresidente Luciano Álvarez; y el secretario, Marcelino López. El juez consideró que no habían incurrido en ningún delito y apuntó como «un hecho cierto» la existencia de contaminación generada por la empresa querellante.

Un barrio dividido

A pesar de los sinsabores, Luciano, Manuel y Marcelino no se han dado por vencidos y siguen luchando. Lo hacen apoyados en informes de la Consejería de Medio Ambiente y del Ayuntamiento que demuestran que las emisiones de polvo de mineral y el ruido resultan superiores a lo permitido en muchos de los casos.

Pero como resultado a su lucha, el barrio sufre «una marginación total, el Ayuntamiento ya no invierte e incluso hemos tenido problemas entre los propios vecinos; éste es su juego, intentar dividirnos», afirma con resignación Álvarez. «Es lo único que hemos conseguido, malas relaciones con el vecindario, un barrio inhabitable, cuyas casas han perdido gran parte de su valor, y que las mujeres sigan con la misma carga de trabajo en la limpieza, sacando todo el día el carbón con el aspirador», relata.

Ahora sus miradas están puestas en octubre de 2007. Para entonces, la empresa tendrá que conseguir la denominada Autorización Ambiental Integrada y cumplir con las exigencias de la Unión Europea, que se hará con estas competencias medioambientales.

Los de El Machón comparten la teoría de que Industrias Doy no tiene interés alguno en adaptarse a la normativa y sospechan que el propietario apura su producción para cerrar de forma definitiva las instalaciones.

«Dar la vara»

Más silenciosos, aunque ojo avizor están los miembros de la Agrupación Medioambiental de San Claudio (Amascal). «A base de dar la vara» han conseguido que Indasa, la planta de fundición de chatarra, incorpore poco a poco medidas correctoras.

Jorge García reconoce los pequeños logros vecinales: «Antes no había chimeneas, ni filtros, ni cámara para la combustión», recuerda. Las protestas de la agrupación se remontan casi a la apertura de la fábrica en 1994, pero fue en 1997 cuando sucedió «lo más fuerte, que la empresa solicitó hacer un almacén de aluminio y cuando nos dimos cuenta era una incineradora», recuerda García.

A raíz de este hecho, los vecinos comenzaron a pedir ayuda al Ayuntamiento, hubo querellas por insultos de éstos al empresario -que siempre ha defendido su legalidad- y hasta se especuló sobre la posibilidad de trasladar la fábrica al Polígono de Olloniego. «Se habló, pero los vecinos de allí no quisieron», dice el representante.

Mientras, los de San Claudio aguantan los humos y los niveles de contaminación, a la espera de una solución difícil. El problema es que la gente «no tiene ganas de ir contra un ayuntamiento o gobierno».

Con la esperanza de que el crecimiento urbanístico obligue a despejar la zona de humos, la agrupación propone la creación de un «polígono donde junten a todas las empresas tóxicas y puedan tener medidas correctoras y de depuración comunes», sugiere García. Hasta entonces, los residentes seguirán considerando que su lucha es similar a la de David contra Goliat.