El Gobierno advirtió ayer que el hecho de que no haga valoraciones públicas de las últimas manifestaciones de ETA no significa que escuche sus planteamientos. Todo lo contrario -sostuvo la vicepresidente primera-, la decisión de no pagar un precio político a la organización terrorista por alcanzar la paz es «firme y tajante». Una respuesta que, para el PP, resultó tibia y que llevó al secretario general de este partido a emplazar al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero a que «diga que no» con claridad a las exigencias de ETA y anuncie que el único «objetivo» es «derrotar a los terroristas».

María Teresa Fernández de la Vega sostuvo que el «único camino» hacia la paz pasa por «el respeto a la democracia, el respeto a la ley y el respeto al estado de derecho» sin «atajos». Un cauce que, aún en ausencia de violencia, imposibilita que se atiendan las demandas de ETA, dado que el derecho de autodeterminación no está recogido en la legislación vigente ni está en discusión la modificación del estatus jurídico y político de Euskadi y Navarra, recordaron fuentes gubernamentales.

La vicepresidenta volvió a defender los ritmos y el calendario fijados por Rodríguez Zapatero. Aseguró que no se van a acortar los plazos previstos y «ahora estamos en la fase de verificación del alto el fuego». Fernández de la Vega confió, además, en que los indicios de la veracidad de las intenciones de ETA se confirmen y el cese de actividades pase de permanente a «definitivo», un paso que la organización terrorista condicionó en la entrevista concedida anteayer al diario 'Gara a «la evolución» del proceso.

Otras fuentes gubernamentales, entretanto, mantuvieron su posición de no dar relevancia a la última irrupción de ETA, aunque mostraron cierta inquietud por sus comentarios referidos a la legitimidad del envío de cartas a empresarios con exigencias de pago del 'impuesto revolucionario'. Apuntaron que este dato no apareció en el comunicado de anuncio del alto el fuego y señalaron que existe el riesgo de que recurren a esta vía de financiación por los serios problemas económicos que atraviesa la organización. Si fuera así, agregaron las fuentes, todo el proceso se puede venir abajo.

Rotundo

El PP se mostró disconforme con la respuesta gubernamental a la entrevista de ETA y Ángel Acebes exigió al jefe del Ejecutivo que «diga que no» sin dejar lugar a las dudas a los planteamientos políticos de los terroristas. El Gobierno -sostuvo- tiene que ser rotundo, debe garantizar que «no aceptará el chantaje» y comunicar a ETA que su único destino es «la derrota». El secretario general del partido opositor subrayó que la organización terrorista sugiere que antes del alto el fuego llegó a acuerdos con el Ejecutivo y, si fuera así, es «imprescindible» que el Gobierno los haga públicos.

Acebes dio a la entrevista el valor de que ETA «ha puesto las cartas sobre la mesa» y ha desvelado sus intenciones, que no son otras que «no va a rendirse, exige un precio político, quiere negociar de tú a tú y mantiene las exigencias de siempre». El dirigente popular consideró que las reivindicaciones de anexión de Navarra, legalización de Batasuna, liberación de los presos terroristas, independencia y autodeterminación se mantienen intactas.

Acebes, de todos modos, volvió a ofrecer «el respaldo» del PP al Gobierno, pero circunscrito a que exija a ETA su «desaparición y la entrega de las armas», pero no para otro tipo de asuntos.