La irrupción de turistas en áreas protegidas donde el acceso está prohibido, sobre todo con la pretensión de ver osos pardos, es un fenómeno creciente en los últimos años. En la Consejería de Medio Ambiente existen 336 expedientes sancionadores tramitados contra excursionistas que se adentraron en áreas de uso restringido en espacios naturales protegidos de la región, la mayoría con presencia osera. Según los datos del Gobierno regional, en el año 2004 se iniciaron 105; en 2005 la cifra se disparó hasta los 188, un 80% más; y en lo que va de año ya son 43. Una cifra notable si se tiene en cuenta que aún están por llegar los meses que concentran la mayor afluencia de turistas y que más se prestan a caminatas silvestres.

El Principado hizo públicos esos datos tras la información publicada ayer en EL COMERCIO, donde el Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (Fapas) alertaba sobre la creciente afluencia de turistas a zonas oseras restringidas de Somiedo y Cangas del Narcea. Según explicó el presidente de la asociación conservacionista, Roberto Hartasánchez, la presencia de excursionistas en estos lugares ha aumentado en los últimos tiempos y así lo reflejan las fotografías captadas por cámaras ocultas. Aunque el fin de los aparatos es hacer el seguimiento de los plantígrados, a menudo sorprenden a caminantes que se adentran en esos espacios con el ambicioso fin de poder ver en su hábitat a alguno de los animales en peligro de extinción.

Infracción administrativa

Lo preocupante de esta situación es que supone «un gravísimo peligro para la conservación de la especie», aseguró Hartasánchez, antes de añadir que se está generalizando «de un modo descontrolado». De hecho, y según reveló ayer el Principado, más del 75% de las denuncias presentadas por la Guardería de Medio Natural y el Seprona en los espacios naturales protegidos se refieren a casos de acceso a zonas de uso restringido.

El soporte legal para estas denuncias se encuentra en la Ley de Espacios Naturales, donde se califica como infracción administrativa el «acceder o circular por zonas con limitaciones al respecto». No existe, sin embargo, una cuantía fija para las sanciones, sino que «se ponderarán atendiendo a su repercusión y daños o deterioro producido», señaló ayer la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras en un comunicado.

El informe en el que Fapas refleja la creciente incidencia de este tipo de actitudes fue enviado por la asociación tanto al Principado como al Ayuntamiento de Somiedo y a la dirección del parque natural. Roberto Hartasánchez incidió entonces en la necesidad de incrementar la vigilancia para atajar el fenómeno o incluso regular la actividad cuando la especie se recupere y deje de estar en peligro de extinción.