RESULTA difícil de entender que la primera fuerza gubernamental de Cataluña, el PSC, que todavía dirige el Gobierno de la Generalitat, haya planteado la campaña del referéndum de ratificación de la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña como una dura descalificación del Partido Popular. Muy probablemente, el desafortunado lema elegido para esta etapa de precampaña, «el PP utilizará tu 'no' contra Cataluña», sea ilegal, puesto que la normativa electoral vigente impide que la propaganda propia se base en la crítica del competidor (idénticos límites rigen en el mundo de la publicidad convencional), pero eso sería lo de menos: lo grave es constatar hasta qué punto se ha degradado la política catalana. Y hasta qué extremos han perdido el norte y sentido de la realidad los partidos políticos, incluido el PSC, que firmaron en 2003 aquel polémico Pacto del Tinell que, al tiempo que acordaba voluntades en pro de la ocupación de la Generalitat, criminalizaba al PP, un partido incuestionablemente democrático, al que se excluía inicuamente de cualquier pacto, contacto o relación.

El proceso de elaboración de la reforma del Estatuto ha sido todo él un despropósito, y el PSC no se ha caracterizado precisamente por el buen sentido y el instinto democrático en la interminable tarea de puesta en pie del proyecto surgido del 'Parlament', que resultó ser un desafuero y que hubiera perecido en su propia inviabilidad si Mas y Zapatero no lo hubieran enderezado a su término en un rapto muy pertinente de razón y de voluntad. Así las cosas, y cuando el proyecto finalmente aprobado no goza precisamente de un prestigio indescriptible, lo lógico hubiera sido dar al preceptivo referéndum de ratificación, que se celebrará el 18 de junio, un carácter solemne e institucional, con lo que pudiera conseguirse, de un lado, una divulgación cabal del contenido de la propuesta estatutaria y, de otro lado, una legitimidad incuestionable para la futura norma.

Pero el PSC está evidentemente empeñado en impedir el debate para que la cuestión se convierta en una especie de extraño y falsario plebiscito sobre Cataluña, en el que, como ya es habitual, quienes no sean nacionalistas ni acepten una visión antigua e intervencionista de la política serán inmediatamente tachados de antipatriotas. Obviamente, no debería ser la intensidad del catalanismo lo que se dirimiese el 18 de junio, sino la capacidad integradora de un nuevo Estatuto que debería incrementar las potencialidades que ofrecía el antiguo. No parece que las ideas de Maragall y de Montilla, aliados en el designio de sacar adelante como sea el Estatuto por razones distintas, vayan precisamente en esta dirección. Lo cual no sólo puede resultar nefasto para la causa del 'sí', sino que puede tener un precio electoral muy alto para quienes están convirtiendo la política catalana en una ceremonia confusa y sectaria.