LA Mesa de la Junta General del Principado ha decidido, por unanimidad, acatar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) por la que se anula la convocatoria de la plaza de interventor de la Junta, y no presentar recurso contra ella. De esta forma, el Parlamento evita incurrir en el típico vicio de las instituciones públicas, consistente en recurrir contra todas las resoluciones judiciales adversas, cosa que no hacen siempre los particulares por los costes económicos inherentes a los recursos. La unanimidad mostrada en la Mesa de la Junta no implica que los tres partidos vean de la misma forma la sentencia, ya que el PP insiste en que la presidenta del Parlamento, María Jesús Álvarez, debe dimitir, mientras que el PSOE y el PP optan por subsanar las irregularidades señaladas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA.

Es muy difícil de asumir que el Parlamento convoque un concurso para una plaza de un alto funcionario y que los tribunales digan que las bases de la prueba «burlan el contenido mínimo e irrenunciable de la función pública». Con el asesoramiento legal que tiene una institución pública del rango de la Junta General del Principado no se entiende que la convocatoria de un concurso para ocupar un puesto de trabajo se haga de forma tan chapucera. Los errores de bulto, en esas circunstancias, no tienen explicación, así que a nadie puede extrañar que se planteen otras hipótesis, como, por ejemplo, la existencia de intereses en juego, el intento de hacer una convocatoria general con la mente puesta en personas concretas. El discurrir de las administraciones está lleno de casos en los que los procesos de selección de personal no fueron neutrales. Esa es una de las vías de politización de la función pública, al distinguir entre funcionarios afectos al partido en el poder, de aquellos desafectos o independientes.

El PP, por boca del diputado Goñi, pide la dimisión de la presidenta de la Junta, siguiendo la estela del 'caso Bono', en el que los populares piden la dimisión del ministro Alonso. Hasta la fecha, no dimitió en España ningún presidente por culpa de una oposición mal convocada. Lo que debe hacer María Jesús Álvarez es dar explicaciones sólidas y pedir disculpas.