González realizó estas declaraciones en una rueda de prensa que ofreció para analizar la aplicación de la futura Ley de Dependencia en el Principado de Asturias.
La responsable de los asuntos sociales en el partido de la oposición subrayó que los responsables del Principado "deberían de tener hechos los deberes antes de que comience a aplicarse esta Ley electoralista" que entrará en vigor el 1 de enero de 2007.
En este sentido, recordó que la Consejería de Bienestar Social tiene previsto contratar en el último trimestre del año a cincuenta profesionales para que, puerta por puerta, intenten conocer la situación de la dependencia en la región.
Por ello, anunció que su Grupo parlamentario presentará ante la Junta General una proposición no de Ley para que se debata en la Cámara las medida que ha tomado el Principado para la aplicación de esta nueva norma.
El PP pretende que se conozcan cuántas son la personas que pueden ser beneficiarias de esta Ley en el año que viene y su progresión hasta 2015, cuando está previsto que finalice el periodo de vigencia del plan.
Además, la ampliación prevista en los equipos, programas y centros de servicios generales y especializados para el desarrollo de la misma.
Asimismo, la cartera básica de prestaciones comunes del Sistema Nacional de Salud y de Bienestar Social a nivel estatal y posibles ampliaciones de las mismas a cargo del Principado de Asturias.
Por último, las actuaciones transversales que para el desarrollo de la Ley implementarán las distintas consejerías del Principado y la memoria económica 2007-2015.
Cifra "desorbitada" en 2015
González apuntó que en Asturias hay entre 65.000 y 100.000 personas mayores de 65 años y que se prevé que en los próximos cuatro años haya un aumento de otras 20.000.
En este sentido, argumentó que la cifra de personas dependientes en 2015 puede ser "desorbitada" para la aplicación de esta ley, sobre todo cuando el Principado deberá correr aproximadamente con un tercio de los costes que origine esta nueva norma.
La diputada facilitó un cuadro a los medios de comunicación en el que, según afirmó, se observan deficiencias en la atención actual a las personas mayores.
Así dijo que hay sólo 139 trabajadores sociales, que a domicilio no se atiende a más del cuatro por ciento de las personas mayores de 65 años y que sólo hay nueve viviendas tuteladas.
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